La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) es otra de las entidades que vienen haciendo oídos sordos a la realidad económica nacional y a la situación financiera del Estado.
Un recuento hecho por este diario, solamente con base en la planilla salarial del mes de marzo, revela que esta empresa pública repartió G. 3.593 millones (USD 534.717 al cambio actual) a sus funcionarios por diferentes beneficios que son adicionales al salario (ver la infografía).
Mientras escasean medicamentos y aumentan los índices de desempleo por la crisis que viven miles de empresas debido a la pandemia del Covid-19, el documento oficial indica que 865 funcionarios recibieron una ayuda escolar de entre G. 1.319.588 y G. 6.597.942, dependiendo de la cantidad de hijos. Otro beneficio ligado a la parentela es el subsidio familiar, concepto por el cual se pagaron entre G. 109.966 y G. 659.794, también dependiendo de la cantidad de hijos. Este último desembolso alcanzó a 2.526 personas.
Asimismo, 18 empleados de la entidad eléctrica recibieron una subvención por fallecimiento, equivalente al salario mínimo, es decir, G. 2.192.839; y finalmente, otros 413 percibieron una bonificación por lecturas de medidores y distribución de facturas, rubro que puede ir desde G. 190.318 y llegar incluso a casi G. 14 millones.
Estos beneficios que reciben ocasionalmente los funcionarios de la ANDE están contemplados en su contrato colectivo y fueron blanco de duras críticas por parte de la ciudadanía ya desde antes de la pandemia. De hecho, el Consejo de Empresas Públicas había iniciado una revisión de las condiciones de trabajo en esta y las demás compañías del Estado, pero quedó parada cuando inició la crisis sanitaria.
ÚH intentó dialogar con las autoridades de la institución, pero las mismas se llamaron a silencio.
POLÉMICA. Además de la ANDE, son varias las instituciones que pagaron gratificaciones adicionales a sus funcionarios, en plena crisis sanitaria y económica y a contramano, a la promesa de reducción del gasto que viene haciendo la administración de Mario Abdo Benítez desde que asumió.
Algunas de ellas son Hacienda, que pagó lo equivalente a un salario mínimo a sus funcionarios por subsidio familiar; el BCP, que pagó asistencia alimentaria y escolar; Aduanas, que pagó por escolaridad, y Seprelad, que desembolsó un subsidio familiar también equivalente a un salario mínimo vigente, entre otros.
