Las intervenciones en granjas de criptominería fueron aumentando en los últimos años, sumando 53 operativos entre el 2023 y lo que va de este 2024, de acuerdo a los datos que reveló este jueves la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).
El presidente de la empresa estatal, Félix Sosa, detalló que solo este año se realizaron 20 intervenciones, lo que representa una desconexión de carga instalada con una potencia total de 63 megavatios.
Comparativamente corresponde al doble de la demanda de energía de la ciudad de Pilar y el 30% de la potencia nominal de la central hidroeléctrica Acaray.
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A su vez, se traduce en una pérdida económica y daño patrimonial para la ANDE de G. 13.000 millones mensuales, unos USD 1,7 millones. Al sumar el perjuicio de los primeros cinco meses del año, arroja un total de USD 8,7 millones.
“La última intervención realizada en Salto del Guairá es la más grande de toda la historia que hemos realizado. Está en proceso de incautación de 2.738 equipos de procesadores de minería”, especificó Sosa sobre los resultados.
El gerente comercial Hugo Rolón habló más sobre el caso. Primeramente, los técnicos detectaron picos de corrientes del alimentador 5, pero que iban bajando cuando se realizaban trabajos en terreno en las inmediaciones.
Este comportamiento irregular de la demanda de energía derivó en un operativo de campo el 28 de mayo mediante el uso de tecnología, incluyendo drones y cámaras termográficas que ayudaron a detectar los transformadores entre los matorrales del barrio San Blas.
Si bien se encontraron 2.738 procesadores en el inmueble, ante las sospechas de movimiento de equipos, se revisó una propiedad contigua donde se encontraron otras 74 máquinas.
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“En términos económicos representa un daño patrimonial total de G. 4.771 millones, aproximadamente G. 1.100 millones por mes es lo que estaba dejando de abonar con la conexión irregular y eso es lo que forma parte de la carpeta fiscal”, agregó el gerente.
Sin embargo, hasta ahora se desconoce quién es el propietario del terreno y de los equipos. De hecho, Sosa admitió que aún falta dar con los inversores de este tipo de infraestructuras.
De escasos resultados a incautaciones millonarias
Desde el 2019 hasta la fecha, la ANDE realizó 67 intervenciones con varios inconvenientes al principio para la incautación. “De no incautarse esos procesadores, estos son trasladados a otros sitios y se vuelve a replicar la comisión del hecho punible, que en este caso es la sustracción de energía eléctrica”, dijo el asesor legal de la empresa estatal, Nelson Medina.
El gerente comercial reforzó esta hipótesis con un ejemplo concreto. De un procedimiento realizado anteriormente en Itakyry, Alto Paraná, los equipos fueron migrando hacia Salto del Guairá, donde este año se realizaron cinco intervenciones, así como en Central, donde hubo tres intervenciones.
Ante los escasos resultados, se cerraron alianzas con el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia para las incautaciones y la efectiva persecución penal de los responsables por la sustracción de energía.
De esta manera se logró, por primera vez, la condena de dos personas por este hecho punible en San Pedro, mientras que otro caso está por resolverse.
Sin embargo, la pena es de solo tres años o multa, entonces las personas condenadas generalmente no van a prisión en estos casos.
Por este motivo, el Poder Ejecutivo presentó este mes un proyecto de ley mediante el cual se criminaliza la sustracción de energía de media tensión o más, elevando la pena a 10 años de cárcel, en tanto que para baja tensión pide 5 años.
