Esto es lo que observa el Dr. Raúl Aguilera, presidente de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes).
Ante la consulta sobre las diversas modalidades de engaño o estafa en que incurren las instituciones de educación superior, Aguilera revela: “Tal vez la más grave sea ofertar las carreras de grado y programas de posgrado sin tener las condiciones académicas mínimas y la autorización correspondiente”.
En esa situación se encuentran –dice– todas las entidades que eluden presentarse al proceso de acreditación. Así como aquellas que dilatan el tiempo para acreditar con la inscripción de sus carreras a la evaluación diagnóstica, un paso previo al procedimiento de evaluación que otorga o no el sello de calidad educativa.
Otro aspecto llamativo –continúa– que encontraron y que solo se puede comprobar con la supervisión o inspección del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), es que “algunas instituciones de educación superior ofrecen como una modalidad de aula extensiva; es decir, los alumnos dan clase en un lugar determinado, sin embargo, figuran en otra sede, tal vez habilitada legal y académicamente”.
Aguilera resalta que al no figurar en un lugar determinado, tampoco se inscriben a los procesos de evaluación y acreditación. “Es como operar en negro académico. Las entidades de control no pueden hacer mucho”, refiere.
Por eso opina que se debe dotar de “mayor presupuesto y recursos humanos calificados” a los entes responsables del aseguramiento de la calidad de la educación superior: Cones, Aneaes y el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).
SOSPECHA. Como manejan información que de las señaladas multisedes existen cohorte de egresados, Aguilera cuenta que solicitaron un informe al MEC.
“En la Aneaes sospechamos que no todas las carreras que se están ofertando han iniciado procesos de acreditación, especialmente a aquellas que se las denomina multisedes; o sea, cuentan actualmente con filiales en muchas partes del país. Para corroborar está hipótesis hemos solicitado al MEC informaciones sobre el registro de los títulos, ya que al tener una promoción de egresados están habilitados para iniciar la acreditación”, refiere sobre esta situación que alcanza a las universidades que poseen cuantiosas filiales en el interior.
Uno de los puntos críticos –dice– sigue siendo la “falta de regularización de un porcentaje importante de ofertas que a la fecha no figuran en catastro de carreras del Cones” y que funcionan amparadas en la legislación anterior.
“A pesar de que en la legislación (de Educación Superior) es de carácter obligatorio para al menos 42 carreras de grado inscribirse a los procesos de evaluación y acreditación, a la fecha, pese a reiteradas convocatorias aún no han iniciado procesos de mejora”, expone y se excusa de revelar nombres de universidades que rehúyen a la revisión de sus ofertas académicas.
“Al no instalar mecanismos internos de aseguramiento de la calidad de la educación, no se consigue la institucionalización de los procesos de mejora; mucho menos la instalación de la cultura de la evaluación”, manifiesta.
Escasa carga horaria, falta de docentes competentes y ausencia de laboratorios, bibliotecas, mobiliarios son algunos males que aquejan a las ofertas que proliferan en el interior.
