05 oct. 2024

Año 2022: La esperanza de un pacto para el desarrollo

Las proyecciones de crecimiento del Producto Interno Bruto para el año 2022 son alentadoras. El Banco Central y los organismos internacionales esperan un aumento de entre 3,7% y 4,0%. Este rango es auspicioso teniendo en cuenta que la población crece a un ritmo menor, por lo que tendremos un saldo positivo entre lo que el Paraguay produce y lo que requiere para aprovechar la ventana de oportunidad que abre el bono demográfico. Paraguay no debe conformarse más con el crecimiento del PIB. Fue insuficiente antes de la pandemia, la pandemia demostró cabalmente lo que hicimos mal y, por lo tanto, la pospandemia debe incluir una transformación estructural. El año 2022 nos invita a debatir y acordar una recuperación económica que beneficie a todos aprovechando que es, además, un año preelectoral.

Los dos años de pandemia nos dejaron como principal aprendizaje que nuestro largo periodo de crecimiento fue insuficiente, por lo que es necesario hacer cambios profundos para que en los próximos años el crecimiento se traduzca en mayores y mejores empleos para la población y en las recaudaciones necesarias para pagar la deuda y financiar las políticas públicas.

Debemos aprovechar que el próximo año es pre-electoral, lo cual crea un entorno apropiado para que la ciudadanía debata acerca de sus aspiraciones y de las oportunidades que ofrece nuestro país para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y avanzar hacia el desarrollo.

La insuficiencia del crecimiento económico para lograr el desarrollo no es un tema nuevo en la teoría económica y, además, ha sido más que verificado por la trayectoria que han tenido los países actualmente desarrollados. El artículo más reciente fue el del Fondo Monetario Internacional divulgado esta semana.

Desde los años sesentas se sabe que el crecimiento por sí sólo es incapaz de generar procesos de desarrollo de largo plazo. Los países requieren la implementación de políticas sociales, industriales, energéticas que permitan ampliar las capacidades y oportunidades a la vez de reducir las brechas.

Paraguay, con extendidas y profundas desigualdades, necesita además incorporar objetivos explícitos de reducción de las desigualdades.

Uno de los legados más dolorosos de la pandemia ha sido acrecentar todas las formas de desigualdad preexistentes, por lo que el esfuerzo debe ser todavía mayor que antes de la llegada del Covid.

La evidencia empírica indica que estos niveles de desigualdad son un obstáculo para el crecimiento sostenible, las mejoras en la calidad de vida y la gobernabilidad.

En definitiva, el desarrollo está comprometido si no se reducen las brechas y se logran mayores niveles de cohesión social.

Los altos niveles de malestar y conflictividad social y la baja valoración de la democracia y legitimidad política confluyen creando condiciones nada favorables para el crecimiento económico, a lo que se agrega la inseguridad jurídica y ciudadana.

De hecho, el crecimiento económico ya es más bajo que años anteriores, lo cual nos obliga a aprovechar al máximo los efectos del mismo. Sin un crecimiento que genere empleos en cantidad y calidad suficientes, la calidad de vida no mejorará y el imprescindible aumento del capital humano tendrá serios obstáculos.

Adicionalmente, el fisco requiere cumplir con los compromisos de deuda y financiar las políticas necesarias para el desarrollo. Un crecimiento de calidad también genera los recursos tributarios necesarios para financiar el desarrollo.

Paraguay no debe conformarse más con el crecimiento del PIB.

Fue insuficiente antes de la pandemia, la pandemia demostró cabalmente lo que hicimos mal y, por lo tanto, la pospandemia debe incluir una transformación estructural. Como cualquier cambio relevante en un país, esto requiere acuerdos y consensos. La democracia cuenta con instrumentos para lograrlo.

Más contenido de esta sección
Un proyecto que buscaba modificar el Código Penal para evitar que los casos de corrupción prescriban en la Justicia fue rechazado por los diputados y enviado al archivo. Se buscaba endurecer las penas, ampliar el universo de tipos penales, extender plazos para la prescripción y endurecer criterios de medición de la pena para delitos de corrupción pública y privada, con énfasis en la corrupción cometida por funcionarios públicos. El rechazo de esta propuesta parece una verdadera declaración de intenciones.
Mientras el ex diputado colorado Juan Carlos Ozorio opera para obtener una medida sustitutiva a la prisión, la Cooperativa San Cristóbal, de la que fue presidente, siente las devastadoras consecuencias de haber sido una entidad a través de la cual, presuntamente, se puso en circulación el dinero proveniente del tráfico ilegal de drogas. Perdió la confianza y a miles de socios. Es un ejemplo de lo que les sucede a las instituciones cuando falta fiscalización. Si no mejoran los controles, este caso se volverá a repetir, con los mismos funestos resultados.
El hecho de que la mayoría oficialista del senado haya retrocedido en la barbaridad cometida cuando devolvió fueros a senadores previamente desaforados que están siendo investigados por la Fiscalía, puede verse como que enmendaron un error. Sin embargo, una acción que significó el atropello a la Constitución Nacional no debe quedar impune. Los 23 senadores que votaron por devolverle los fueros a Erico Galeano, Hernán Rivas y Rafael Filizzola, deben ser investigados, pues en un estado de derecho nadie está por encima de la ley.
Hace unos días, fue intervenida una estancia en Fuerte Olimpo, Alto Paraguay, y en el lugar fueron detenidas diez personas de cuyo poder incautaron fusiles AR47 y una avioneta Cessna, además descubrieron una pista clandestina que habría pertenecido a la estructura liderada por el supuesto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y al presunto líder de tráfico de drogas, Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico. Resulta insostenible la falta de control del espacio aéreo nacional, ante la impasividad o complicidad de las autoridades.
Aproximadamente, unos 1.300.000 niños y adolescentes paraguayos retornaron a clases en los establecimientos educativos públicos hace unos días, y el escenario que hallaron muchos de ellos ha sido el de una infraestructura deficiente y precariedades. A pesar de que la Constitución Nacional consagra el derecho a la educación, frente a la realidad a la que asistimos, parecen apenas palabras vacías de significado debido a la ceguera de nuestros líderes políticos para anteponer los intereses de la mayoría y apostar por el presente y el futuro del país.
El acceso de los niños a alimentos adecuados y saludables es esencial para garantizar su bienestar físico, intelectual y social. Los programas de alimentación escolar han formado parte de la política educativa desde hace más de un siglo y permanecen en la actualidad, independientemente del nivel de desarrollo de los países y de los ingresos de los hogares. Pero en todos los países el programa se ha planteado de manera integral y tiene alto consenso social. Paraguay no puede ser una excepción. Los cambios planteados solo generaron conflictividad, a la vez de que no garantizarán mejoras sustanciales.