En contacto con Última Hora, el presidente del Tribunal de Conducta de la ANR, Gustavo Cazal, expresó que analizaron la situación de José María Ibañez, quien confesó haber utilizado dinero del Estado para pagar a sus caseros.
No obstante, indicó que el caso no reúne los requisitos para la desafiliación o expulsión, ya que la ley requiere una pena de más de dos años de pena carcelaria para el efecto.
“Hay un reproche de su conducta, a nadie le cae en gracia, pero no se le puede echar ni penalizar”, señaló Cazal. En ese sentido, explicó que para sancionarlo debe existir una denuncia de un afiliado de la nucleación política, según informó el periodista Carlos Peralta.
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Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsApp“Se concluyó que la conducta del ex diputado, técnicamente no se halla ajustada al artículo 71 de los Estatutos Partidarios, donde se establece las causales de pérdida de condición de afiliado del partido”, detalla la resolución emitida por el Tribunal sobre el tema.
El ex diputado renunció este lunes, debido a la presión ciudadana que se ejerció con manifestaciones, escraches y pedidos de expulsión del político de clubes sociales, además de la prohibición del ingreso a restaurantes.
Asimismo, la medida de fuerza se había extendido contra los 42 diputados que se abstuvieron de votar el proyecto de pérdida de investidura presentado contra Ibáñez, junto con los cinco legisladores que se ausentaron en la sesión en la que se trató la iniciativa y los cinco que votaron en contra.
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Si bien el diputado Ibáñez terminó renunciando, el malestar ciudadano continúa y las protestas y escraches se han extendido contra otros políticos con proceso abiertos con la Justicia, como el caso del ex presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Óscar González Daher, quien este miércoles fue escrachado por segundo día consecutivo frente a su domicilio.
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Las manifestaciones también iniciaron para expresar una disconformidad con el acuerdo entre Horacio Cartes y Mauricio Macri, sobre el Tratado de Yacyretá, donde se reconoce una deuda de USD 4.084 millones de la entidad con la Argentina.
