La impunidad se consolidó en los 35 años de stronismo y continuó vigente durante las siguientes tres décadas de democracia. Puede que la afirmación inicial sea una generalización, pero creo que el desaparecido historiador Aníbal Miranda no estaba demasiado equivocado al titular uno de sus libros como Partido Colorado. La máxima organización mafiosa.
Hombres y mujeres de la ANR están al frente de los cargos más importantes de los tres poderes del Estado.
La enorme mayoría de los funcionarios públicos de este país son colorados. Paraguay es uno de los países del mundo con mayor corrupción sistémica y con los peores índices de lucha contra la impunidad.
Frente a estos datos duros, no es suficiente alegar que cuando los opositores acceden a cargos públicos hacen lo mismo.
El sello de todos los gobiernos colorados que he conocido ha sido la impunidad. Esta se manifiesta de modo tan cotidiano y multiforme que, apenas disminuye la indignación ciudadana por un episodio escandaloso, resurge en otro con temeraria vitalidad. Hace falta una ciudadanía mucho más robusta que la tiene el Paraguay para que estos granujas tengan miedo. Veamos lo de esta semana.
Los diputados rechazaron desaforar a Éver Noguera, evitando que el llamado “rey de las licitaciones” fuera sometido a la Justicia por la compra irregular de la merienda escolar en Guairá. Las bancadas de Añetete y Honor Colorado votaron completitas -con la excepción de Ramón Romero Roa- por la impunidad. Allí se incluyen los vergonzantes votos en blanco o abstinencias. Y también hay que agregar a los infaltables liberales que habrían sido perfectos colorados si no hubieran nacido en familias con la tradición del trapo azul.
Hay un detalle interesante. Quienes defendieron a Noguera sostuvieron que lo hacían porque no confiaban en la Fiscalía General. Simpático argumento, este. Ya nos gustaría a los “comunes” defendernos de modo tan simple. El Ministerio Público ha perdido la confianza ciudadana hace años. Su dependencia del poder político es notoria. Ese poder político es colorado. La fiscala general también lo es. Pero, a ella, los diputados no la tocarán
La Cámara Baja nombró como representante ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) a Hernán Rivas, alguien con título dudoso y con dificultades de lectura comprensiva de textos jurídicos. Y la Corte Suprema de Justicia no dice nada. Todo para salvar de la censura parlamentaria a uno de los ministros del Ejecutivo. ¿Lo ve? Los tres poderes del Estado utilizados para la impunidad.
Si usted creyó que con los audios de Óscar González Daher el JEM había tocado piso, es porque no podía saber que Javier Zacarías Irún, pese a ser procesado por varios casos de corrupción, dictaminará en causas que involucran a sus adversarios políticos. Ridículo, ¿no? Pero recuerde que fue puesto ahí con los votos de sus pares de la Cámara Alta.
Así funciona esto: Zacarías Irún y su esposa fueron sobreseídos por la jueza Cinthia Garcete. Cuando el caso fue al JEM, por mayoría de votos, se rechazó la denuncia. Nada sorprendente, pues fue lo mismo que sucedió con el juez Marino Méndez y la fiscala Zunilda Ocampos, quienes habían blanqueado a Sandra McLeod. La impunidad es un drama, pero es una comedia de mal gusto que ese individuo se convierta en juez de jueces.
No todos los protagonistas de estas canalladas son colorados. Pero, casi todos.
Los otros culpables se difuminan entre magistrados, fiscales y abogados que guardan cobardes silencios y un electorado zombi que los vuelve a votar.
