La violenta expulsión de la senadora Kattya González (PEN) del Congreso es la confirmación de los vaticinios sobre la naturaleza autoritaria del cartismo. Desde el triunfo de Santiago Peña en agosto del año pasado se alertó especialmente sobre dos asuntos: Las arbitrariedades que sobrevendrían y, ante la bicefalía clara, la debilidad presidencial para frenar esos instintos (suponiendo que piense distinto y le incomode situación). En la corta neoadministración cartista afloraron preocupantes síntomas de autoritarismo reflejadas en algunas decisiones y discusiones políticas en las que el concepto de mayoría se usa para amenazar, aplastar y humillar, no para convencer. Una ola conservadora que censura y amenaza con represalias vuelve como episodios de un tiempo pasado que se lucha por dejar atrás. En 35 años de democracia se llegaron a consensos mínimos sobre formas de convivencia que hoy se pretenden obviar torciendo las reglas sin un ápice de racionalidad.
Pero a diferencia de otras situaciones, este atropello tuvo costo político para el Gobierno. La expulsión de la frontal y popular senadora (la cuarta más votada de las elecciones) despertó una reacción política, social, económica e internacional inédita en este periodo presidencial. No se esperaba este aluvión de comunicados de todos los sectores de la sociedad, la movilización ciudadana, pero especialmente la amonestación de los moderados gremios empresariales, fervientes patrocinadores de Peña generalmente muy prudentes y hasta permisivos para no perder los negocios del Estado (las contratistas), o por temor a la indiferencia o represalias. El cuestionamiento a la transgresión del debido proceso por la violación del reglamento lo que lleva a dudar de la seguridad jurídica y la fragilidad de la democracia fue unánime. Unos hablaron de circo del Senado, otros clamaron cordura y hubo quienes ya de réquiem de la democracia. Nada de medias tintas.
EEUU y la Unión Europea se manifestaron en el mismo tono, exigiendo garantías, institucionalidad, pluralismo político y seguridad jurídica.
Quien quiera oír que oiga.
Sin embargo, el presidente no toma nota. Se empecina en distanciarse del atropello institucional alegando que es otro poder del Estado, no porque sea así, sino porque no tiene argumentos para justificarlo y porque no se atreve a cuestionar la decisión del comando político liderado por Cartes. La casa España es Mburuvicha Róga.
En la reunión con los empresarios, incluso les recriminó por “no diferenciar la paja del trigo”. Los acusó de hacer ruido innecesario: “Les digo con una voz de preocupación que muchos de los comunicados generan la percepción de que una decisión política tiene impacto económico”. Días pasados, el ministro de Economía, Carlos Fernández, marcó la línea discursiva oficialista: Pidió no ser fatalistas por las (malas) decisiones políticas y descalificó a quienes no entienden cómo funcionan las calificadoras de riesgos.
Un país sin reglas es la consecuencia más grave de esta decisión del Senado con venia del Gobierno (se supo que Peña no estaba de acuerdo con la expulsión, pero no tuvo la fuerza para imponer su criterio). La seguridad jurídica no solamente como imagen ante el mundo, sino especialmente para los inversores nacionales. Cuando los empresarios reclaman institucionalidad lo hacen pensando en sus negocios. ¿Qué pasará si uno de ellos cae en desgracia por no alinearse al poder real? ¿También será castigado si se niega a besar del anillo como lo hizo Kattya González?
EFECTO BUMERÁN. El cartismo festeja en forma impúdica la eliminación de una senadora que daba batalla jurídica, política y filosófica a los proyectos de ley, mientras menosprecia los cuestionamientos de amplios sectores de la sociedad.
Y como el necio que mira el dedo cuando el sabio señala la luna, no detecta que la expulsión generó hasta el momento efectos contrarios para sus intereses. El analista Vladimir Velázquez enumeró estas consecuencias: La oposición logró articular un Frente Democrático, con posibilidades de alianzas coyunturales con el coloradismo no cartista que pone en peligro la frágil mayoría oficialista en el Senado; avivó el malestar ciudadano con movilizaciones diversas; generó la desaprobación de los gremios empresariales y numerosas organizaciones; catalizó el posicionamiento y liderazgo de Kattya González en la masa social; reforzó el mote autoritario de Cartes; ofreció evidencias confirmando la bicefalía que debilita la figura presidencial y avivó el malestar de la población no colorada contra el coloradismo.
Hasta tuvo consecuencias en el PLRA que llamó a convención para expulsar a cuatro senadores liberocartistas que se sumaron al pelotón de fusilamiento institucional: Dionisio Amarilla, Noelia Cabrera, Hermelinda Alvarenga y Édgar López. La razón: “Hacer oposición sobre las migajas que tiran los colorados”, al decir de Miguel Abdón Saguier.
Hay clima de tensión. Muchos interrogantes quedan en el aire, especialmente la incertidumbre sobre el verdadero plan político del Gobierno.
Por ello, la pregunta quizá no es qué hará el cartismo, porque las señales son claras, sino qué hará la sociedad para frenar este avance autoritario.
