No existe un aumento de robos, asaltos y hechos criminales violentos en las calles y en otros escenarios cotidianos, sino que solamente se genera “una sensación de inseguridad”, debido a la excesiva difusión de hechos criminales por parte de los medios de comunicación, había asegurado recientemente el subcomandante de la Policía Nacional, comisario Víctor Balbuena, al responder a denuncias ciudadanas de una oleada de hechos delictivos.
Estas polémicas declaraciones, que en su momento causaron mucho revuelo, siguen mereciendo respuestas indignadas por parte de las víctimas. En una serie de reportajes que vienen realizando periodistas de este diario, se han compartido testimonios de personas que han sufrido asaltos violentos, quienes aseguran que prefieren no denunciar los casos porque no confían en que la Policía investigue y trate de aclarar sus casos, o porque reciben un trato indiferente o de poco interés cuando se acercan a una comisaría o a la propia Fiscalía.
Está situación victimiza de manera recurrente a quienes resultan afectadas, especialmente cuando se trata de mujeres, que “el robo es tratado como un caso menor, pero el estado de shock, el daño físico y mental por el susto ocasionado es incalculable”, asegura el informe.
La mayoría de los ciudadanos golpeados por la inseguridad aseguran que la amenaza es real y que el Gobierno, al escudarse tras los argumentos de una “sensación de inseguridad”, solo busca justificar su inacción ante el problema.
Para los expertos que analizan el tema, la inseguridad ciudadana en el Paraguay es considerada “la otra pandemia” que también se debe combatir, al igual que la del coronavirus. Incluso, ambas pandemias están relacionadas, ya que la crisis económica causada por las restricciones sanitarias tienen incidencia en el aumento de la criminalidad. Mucha gente ha perdido su trabajo o sus fuentes de ingresos con alguna actividad informal, como las ventas callejeras, principalmente en los sectores sociales más vulnerables, por lo cual han optado por dedicarse a las acciones ilegales, según ha destacado el abogado Juan Martens, experto en criminalística.
Una encuesta contenida en el Atlas de la Violencia e Inseguridad en Paraguay afirma que más de la mitad de la población ya ha sido víctima de la delincuencia criminal y solamente cuatro de cada diez afectados deciden denunciar el hecho, por no tener confianza en la Policía, ni en la Fiscalía, ni en el Poder Judicial, por considerar que están muy afectadas por la corrupción y no cumplen debidamente su función.
Ante la proximidad de nuevas elecciones, tanto las municipales que se realizarán en octubre próximo, como las generales que se harán en el 2022, urge instalar en la agenda de debates que la seguridad debe ser encarada como una política integral del Estado, con un criterio de funcionalidad y eficacia, con la incorporación de las más modernas ciencias y técnicas de criminalística e investigación forense, con el necesario respeto por los derechos humanos. Se debe garantizar a la población el derecho a vivir en un ambiente seguro, como una condición indispensable para el progreso social.