Tomás Rivas y José María Ibáñez tienen varias cosas en común. Ambos son diputados, ambos son colorados y ambos están procesados por pagar con dinero del Estado a sus empleados particulares. Ante las versiones de que Ibáñez estaría pensando en renunciar al cargo en estos últimos días, su colega Rivas no solo le pidió que resista más sino que paralelamente la defensa en su causa planteó una serie de chicanas para dilatar aún más su proceso penal.
El esquema utilizado por ambos legisladores para estafar al Estado fue el mismo: Hicieron figurar a sus caseros como contratados en la Cámara de Diputados pero en realidad estos trabajaban exclusivamente en sus propiedades privadas.
Una investigación de ÚH reveló que Reinaldo Chaparro, Lucio Romero y Nery Franco cobraban sueldos del Congreso pero en realidad trabajaban en la casa de Lambaré de Rivas, una estancia familiar en Mbuyapey y un negocio suyo en Ybycuí, respectivamente. Un año después de las publicaciones, el fiscal anticorrupción Luis Piñánez confirmó todo esto e imputó al legislador y sus caseros.
Ibáñez ya fue beneficiado con la suspensión condicional del procedimiento, luego de admitir haber cometido los delitos por los cuales fue procesado. Con esta salida procesal, el diputado por Central quedó sin antecedentes penales ni impedimentos para seguir siendo congresista.
Días atrás corrieron versiones de que ante la presión ciudadana y política, Ibáñez estaría analizando renunciar a su banca en el Congreso. Según las versiones, Rivas se ofuscó ante esta posibilidad y pidió a su colega que no renuncie. De hacerlo, él podría correr con la misma suerte.
RECUSACIONES. Hasta ahora, el diputado colorado de Paraguarí no fue procesado por la Justicia, a pesar de la imputación en su contra. Su defensa, ejercida por el abogado y concejal departamental de Paraguarí, Emigdio Aliendre, planteó una apelación general en contra de la resolución del juez Rubén Riquelme por la cual comunicó a la Cámara la imputación a Rivas.
La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja resolvió postergar su dictamen sobre el desafuero de Rivas hasta tanto se resuelva esta apelación, con lo cual no puede ser procesado por un juez penal.
Ahora, la defensa de Lucio Romero recusó a los camaristas Arnulfo Arias y Carlos Ortiz Barrios, indicaron desde el Poder Judicial. Estos camaristas integran la sala que debe estudiar la apelación de Rivas. El abogado que presentó la recusación es Daniel Barrios, hijo del ex diputado y ex líder de la bancada cartista, Clemente Barrios, quien también es de Paraguarí.
La recusación a los dos camaristas debe ser resuelta por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, el abogado Barrios también recusó a los ministros Sindulfo Blanco y Luis María Benítez Riera, según confirmó el propio Emigdio Aliendre. Con esta serie de recusaciones, la defensa logró trabar aún más el proceso y seguir postergando el eventual desafuero de Rivas.
