El dictamen fue remitido al Ministerio Público. Allí, en la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción se designó a la fiscala Marlene González para investigar el caso.
CUENTA ÚNICA. Ante el argumento de la Intendencia sobre los fondos de créditos para inversión, que va a una cuenta única y luego utilizan temporalmente para gastos operativos, la Contraloría concluye que es improbable que las deudas comprometidas para infraestructuras puedan ser cubiertas con impuestos y es imposible que su reposición se realice en el corto plazo. Consideran que se viola el espíritu de la normativa que regula la modalidad de cuenta única.
“Respecto al uso de los fondos de la cuenta única, surgen inquietudes significativas acerca de la legalidad de las inversiones realizadas con los recursos obtenidos de la colocación de los bonos. El Ejecutivo Municipal se limitó a exponer de forma genérica “las inversiones realizadas” por un total de G. 492.000 millones, las que, en su mayoría, corresponden a gastos corrientes. Tampoco pudieron profundizarlas debido a la falta de provisión de los correspondientes documentos de respaldo”, señala el informe.
MANEJOS. Se detectó una diferencia de G. 20.100.487.965, entre el saldo contable y el detallado en el extracto y la conciliación bancaria de los bonos G8 al cierre del 2022.
“En el extracto bancario de la cuenta para administración de los fondos de bonos G8, se constataron operaciones de débito durante 2022 y 2023 por un total de G. 499.951.298.000; sin embargo, el Municipio informó que, al cierre del 2023, no se realizó obligación ni pago al respecto”. También se describe la diferencia de G. 162.000.968.000 entre el saldo inicial de caja, “Recursos de Crédito Interno Bonos G8” de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos, y el saldo inicial registrado en el extracto bancario de cuenta corriente habilitada en el 2023.
El ente contralor cuestiona la alta tasa de interés de la emisión del bono G9, por G. 195.000 millones, para la reestructuración y refinanciación de emisiones anteriores.