En respuesta al reclamo que le realizaron los fiscales, René Fernández retrucó argumentando en base a las investigaciones administrativas llevadas adelante por la Senac.
Recordó que el 22 de junio, la Secretaría formuló la denuncia penal acompañando los antecedentes administrativos recolectados y presentados por escrito ante la Fiscalía.
Fernández fue señalando punto a punto a los fiscales sobre la causa penal que existe en manos de ellos y que guarda relación con las personas implicadas en el caso del avión iraní.
Sacó a colación que el artículo 238 de la Constitución Nacional establece los deberes y atribuciones del presidente de la República, siendo el primero de ellos, representar y dirigir la administración general del país.
En ese sentido, recalcó que la Secretaría Anticorrupción es una instancia administrativa rectora de las políticas de transparencia, integridad y anticorrupción.
“Por lo tanto forman parte de las competencias de la presidencia de la República llevar adelante tareas de fiscalización y control administrativo respecto a la gestión de funcionarios y OEE dependientes de la misma, con una derivación de las tareas administrativas de los organismos y dependencias a su cargo”, expresó en su nota.
René Fernández entregó una detallada documentación adjuntando informes requeridos a la Dirección de Aeronáutica Civil sobre la Empresa de Transporte de Aerocargo (Emtrasur) y el polémico vuelo con tripulantes iraníes y venezolanos.
Otra nota enviada a la Secretaría Nacional Antidrogas para tener detalles de las actuaciones cumplidas por funcionarios durante la intervención.
También otros requerimientos sobre despacho de exportación a nombre de Tabacalera del Este, propiedad de Horacio Cartes.
También una nota con información requerida sobre el plan de vuelo y servicio en tierra de la aeronave.
El ministro envió un informe a la Fiscalía, donde reveló las conexiones de las personas que dieron apoyo logístico a los tripulantes de la aeronave retenida en la Argentina. Los tripulantes usaron el servicio de la empresa de turismo Mauasi, propiedad del ciudadano uruguayo Ezequiel Santoro da Silva, quien a su vez subcontrató a otra firma donde figura Darío Eugenio Díaz Ocampos. Ambos cuentan con proceso por trata internacional dentro del operativo denominado Taranis.
