El puesto de ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que ocupaba Antonio Fretes queda vacante desde este viernes, debido a que cumple 75 años y se acoge automáticamente al beneficio de la jubilación, según lo que dispone el artículo 261 de la Constitución Nacional.
“Los ministros de la Corte Suprema de Justicia solo podrán ser removidos por juicio político. Cesarán en el cargo cumplida la edad de setenta y cinco años”, dice textualmente la Carta Magna.
El cargo será ocupado oficialmente tras la conformación de la terna de candidatos, cuyo proceso está actualmente en manos del Consejo de la Magistratura (CM). Son 36 personas que aspiran ocupar el lugar de Fretes y actualmente atraviesan la etapa de evaluación de idoneidad profesional.
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El abogado Jorge Bogarín, del CM y titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), explicó a Última Hora que la firma de Fretes valía hasta este último jueves y que “para que no pare el circuito de firmas de la Sala Constitucional hasta la nueva designación” se designará un ministro interino.
Bogarín adelantó que el Consejo tiene previsto concluir la lista de candidatos para la terna el lunes próximo y luego remitirla al Senado.
Tras esto, los legisladores ya serán los que deben elegir al nuevo ministro de la Corte Suprema de Justicia, mientras que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, debe dar su aprobación.
¿Quién es Antonio Fretes?
Antonio Fretes juró como ministro de la Corte Suprema de Justicia el 22 de noviembre de 2001, hace 21 años con dos meses atrás. También ocupó la presidencia del órgano por un total de cinco periodos.
En el año 2007, se desató una polémica debido a que la Sala Constitucional de la Corte declaró inamovible al entonces ministro, al hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida por Fretes en contra del artículo 19 de la Ley 609/95.
La normativa permite a un ministro de la Corte que cumple su mandato de cinco años seguir en funciones mientras se designe a su reemplazante.
La sala de la máxima instancia judicial sostuvo en ese entonces que el artículo no es aplicable a los ministros, porque estos son inamovibles desde el principio de su designación.
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Al cumplir cinco años de mandato en el 2006, Fretes había pedido a la Cámara de Senadores su confirmación en el cargo, pero no logró los votos necesarios, por lo que recurrió a la Corte Suprema de Justicia, donde reclamó su inamovilidad.
A lo largo de las dos décadas, además de mantenerse como ministro, Fretes estuvo como encargado de distintas dependencias, como la Circunscripción Judicial de Paraguarí y Misiones, de la oficina de Ética Judicial, de la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre otras.
En medio de una ola de cuestionamientos en su contra e incluso una amenaza de juicio político, el magistrado pidió permiso y se mantuvo en silencio desde el pasado 18 de noviembre, luego de que se hiciera pública una presunta coima que recibió su hijo Amílcar Fretes, para trabar la extradición a Estados Unidos de Kassem Mohamad Hijazi.
¿Cómo edificó su poder?
De acuerdo con lo que señaló el analista político Leonardo Gómez Berniga, Antonio Fretes comenzó construyendo su poder cumpliendo un papel importante en el Decanato de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).
Esto, debido a que la institución maneja un fondo importante y tiene mucha referencia, principalmente porque el Consejo Directivo de la casa de estudios está conformado por ministros, jueces y fiscales.
“Empieza a elaborar una estructura de cátedras y la distribución de becas de posgrado a personas que no tenían insolvencia, beneficiando a fiscales, jueces y asistentes fiscales”, fue lo que detalló el profesional, añadiendo que luego, ya en la Corte, logró meter a varias personas claves en direcciones del Poder Judicial.
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Asimismo, recordó que en el 2018 hubo una millonaria sentencia contra la Conmebol, donde otro de los hijos de Fretes, Pedro Aníbal Fretes Valenzano, se desempeñó como abogado de un ex trabajador que terminó con una indemnización de más de G. 53.000 millones. En este caso también se habló de una injerencia vinculada al clan González Daher.
En cuanto a su poder económico, el analista nombró la inmobiliaria Río Salado, que comenzó a hacerse de propiedades en remates y en las que se presentaba otro de los hijos de Fretes, Asdrúbal Antonio Fretes Valenzano, quien figura como presidente y vicepresidente de varias empresas.
En diciembre pasado, parte de una investigación realizada por varios entes públicos, como la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y el Ministerio Público, reveló que el clan Fretes habría amasado con el correr de los años una fortuna de al menos USD 20 millones.
Vínculos con Kassem Mohamad Hijazi
La investigación de la Seprelad había iniciado después del escándalo por el que Antonio Fretes fue vinculado con Kassem Mohamad Hijazi, quien se encuentra procesado en Estados Unidos por lavado de dinero, producto del narcotráfico a nivel internacional.
Según los antecedentes, Amílcar tenía como aparente objetivo trabar la extradición del ciudadano brasileño de origen libanés a los Estados Unidos, para lo cual presuntamente se acordó un pago de USD 368.000 a favor del hijo del ministro Fretes, según se pudo evidenciar en un documento.
Si bien el ministro negó tener conocimiento sobre la presunta coima, llamativamente, durante la sesión de la Corte Suprema del 20 de julio pasado desautorizó ante el pleno, incluyendo a sus hijos, cualquier pedido que se hiciera a su nombre.
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Luego de que esto saltara a la luz, diputados de las bancadas de oposición presentaron un libelo acusatorio en su contra, pidiendo su remoción vía juicio político por el caso de Hijazi. En el documento plantearon su destitución por mal desempeño, asociación ilícita y falta de honorabilidad.
Posteriormente, la Cámara de Senadores, con 30 votos a favor, aprobó un proyecto de declaración por el cual se le retiró la confianza al entonces presidente con permiso de la Corte Suprema de Justicia y se instó a la Cámara de Diputados a iniciar el proceso de juicio político.
No obstante, tras el pedido del cartista Basilio Bachi Núñez para rechazar el libelo y mediante un pacto colorado, la Cámara Baja no reunió los votos necesarios para la destitución y el pedido quedó archivado, otorgando con ello impunidad a Antonio Fretes.
