El hecho protagónico del año que culmina en materia de educación fue la nueva primavera estudiantil, enmarcada por logros conseguidos por los estudiantes, quienes se atrincheraron en sus aulas como medida de protesta para que sus voces sean escuchadas.
Un sistema educativo que, para ellos, dejaba mucho que desear y una promesa sin cumplir por parte del presidente Horacio Cartes empujaron a jóvenes a iniciar la campaña denominada “La semana de luto”.
La negativa del Poder Ejecutivo de elevar el presupuesto para Educación acentúo más las molestias e impotencia del sector estudiantil. Tal es así, que el 6 de setiembre alzaron la voz y exigieron al Gobierno el cumplimento de reivindicaciones sobre cuestiones presupuestarias, de infraestructura, alimentación e inversión en tecnología.
Si bien, no se logró la ampliación presupuestaria, obtuvieron la aprobación de una adenda de USD 5 millones más para el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), es decir, una reprogramación con recursos de tres entidades estatales: el propio MEC, Hacienda y el Ministerio de Obras Públicas.
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La respuesta de Hacienda en cifras:
-USD 1.000.000
para infraestructura escolar, a ser administrados por la cartera-USD 1,8 millones
más para educación técnica.-USD 2,2 millones
más para almuerzo escolar en el 2018 para 5.600 alumnos más del turno noche.-G. 27.500 millones
destinados a la compra de 45.000 computadorasLa anterior revuelta estudiantil, iniciada en mayo del 2016, tuvo como resultado la renuncia de la entonces ministra de Educación, Marta Lafuente, y el posterior nombramiento de Enrique Riera, actual secretario de Estado.
Los universitarios tampoco se quedaron callados
Los universitarios también encabezaron intensas luchas mediante la toma de sus instituciones, pero esta medida no fue desarrollada solo por estudiantes del sector público sino también del privado.
Tal es el caso de los estudiantes de la Universidad Católica de Asunción (UCA), quienes iniciaron sus reclamos un 14 de julio y celebraron un acuerdo recién el 14 de setiembre.
El Rectorado fue tomado por los estudiantes de Filosofía por más de un mes a causa de la destitución del decano Antonio Galeano y de la vicedecana Elisa Bordón, por orden del rector Narciso Velázquez.
La medida derivó en la imputación de cinco personas por coacción: Camila Belén Corvalán, Cecilia Vuyk Espínola, Raúl Couchonal Cancio, Aurora Ysapy Lezcano Coronel y Maurizio Paraded. Todos estudiantes de la UCA.
Tras duras semanas de acaloradas discusiones entre estudiantes y negociaciones sin éxito con autoridades, se logró consensuar un acuerdo con el rector Velázquez, quien aceptó las exigencias de los estudiantes con el fin de restablecer el normal funcionamiento de la institución.
El condicionamiento para levantar la toma del Rectorado giraba en torno a la aplicación de garantías para los estudiantes imputados y la designación de Jorge Lara Castro como nuevo decano de la Facultad de Filosofía hasta el final del periodo.
Toma de escuela en la UNA
Otro caso destacado fue el de los alumnos de la Escuela de Ciencias Sociales y Políticas de la UNA, quienes denunciaron irregularidades en el padrón electoral en las elecciones para el Centro de Estudiantes.
Este reclamo estuvo seguido del pedido de desanexión de la Facultad de Derecho y la creación de la Facultad de Ciencias Sociales (Fasco), debido a que consideraban que era la única forma de superar la crisis entre ambas instituciones.
Finalmente, luego de más de 20 días de paro, se acordó la no penalización de los alumnos que llevaron adelante la toma y la conformación de una mesa de trabajo.
Continuas falencias en sistema de salud
Aunque algunas luchas tuvieron un grito de victoria, otras quedaron nadando en un mar de incertidumbres, como el caso de los asegurados del Instituto de Previsión Social.
La gestión de los administradores del seguro social fue aplazada por sus beneficiarios este año, debido a las continuas falencias en la atención al cliente y la falta de medicamentos e insumos, especialmente, para tratar el cáncer.
La precariedad del IPS se vio claramente reflejada en la escasez de insumos básicos como jeringas y otros de alta complejidad como monoclonales para quimioterapia, con costos de hasta G. 30 millones.
Además de la escasez, se sumaron las denuncias de negligencia médica a causa de un anestésico, que cobró la vida de una persona y dejó a un joven en terapia, y otros siete casos de accidentes cerebro vasculares (ACV) tras operaciones cardíacas, hechos que marcaron nuevos antecedentes en el IPS.
La propagación de la bacteria KPC también puso en alerta a pacientes y familiares al causar tres muertes en el Hospital Central, dejando al desnudo un grave problema de higiene y bioseguridad en el lugar.
Sobre la falta de medicamentos, el presidente del Consejo de Administración, Benigno López, en su mensaje navideño destacó que, tras adjudicar licitaciones, se estima que los remedios estarán disponibles en su totalidad en el 2018.
La institución adjudicó más de 200 ítems en diciembre por un valor estimativo de G. 817.401.740.640 para abastecer durante todo el próximo año.
