El juicio oral al parlasuriano Milciades Duré y al intendente de Iruña, Justo Gamarra, a más de un tercer procesado, por el caso de la compra irregular de tierras a la firma San Agustín, por G. 60.000 millones, poco antes de las elecciones, deberá repetirse.
Esto, porque ayer el Tribunal de Apelación Penal, Segunda Sala, integrado por los camaristas Delio Vera, Bibiana Benítez y José Agustín Fernández, anuló la resolución dictada el 9 de enero pasado, por la que se absolvió a los acusados.
El fallo fue dictado con voto dividido, por lo que entienden que debe repetirse el juicio oral a los procesados. Los mismos admitieron la apelación de los fiscales Rodrigo Estigarribia y Francisco Cabrera.
Con ello, los acusados, el ex diputado y actual miembro del Parlasur, Pedro Milciades Duré; el intendente de Iruña, Justo César Gamarra, y el coprocesado Mario Echeverría deberán enfrentar de nuevo el juicio oral, con otros jueces.
Los magistrados Juan Pablo Mendoza, Fabián Weinsensee y Laura Ocampo, tras largo juicio oral, que se hizo incluso sábado y domingo, habían absuelto a los acusados porque no se probaron los hechos de lesión de confianza en contra de los mismos.
El camarista José Agustín Fernández, al fundamentar su voto, señala que el juicio oral se suspendió en dos ocasiones, con lo que el mismo quedó interrumpido y debía ser anulado totalmente para hacerse un nuevo juicio.
Por su parte, los camaristas Delio Vera y Bibiana Benítez no comparten la opinión del camarista con respecto a las suspensiones del juicio oral, ya que entienden que se trata de una nulidad relativa que debe ser convalidada.
Sin embargo, entienden que hubo violación de las reglas de la sana crítica al valorar las pruebas. Citan algunos testimonios dados en el juicio oral, por lo que se hizo un análisis parcial. Además, sostiene que tampoco aplicaron correctamente la Ley de la Reforma Agraria, por lo que el fallo era nulo.
Su colega Bibiana Benítez coincide en que se violaron las reglas de la sana crítica y que la sentencia tiene vicios de fundamentación, por lo que debía ser anulada.
Así, la resolución fue anulada, por lo que ordenan el reenvío para que se realice otro juicio oral.
En el caso, en diciembre del 2012 se dispuso la compra de las tierras de la firma San Agustín, por la suma de G. 60.294.298.050. No obstante, según la fiscalía, las tierras no eran aptas para la reforma agraria, por lo que constituía un perjuicio patrimonial para el Estado al no cumplir con los objetivos de la ley.
Ex titular del Indert se halla prófugo
En la causa, el ex titular del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Ignacio Luis Ortigoza, también está procesado, pero como no se presentó al juicio oral, se le declaró con rebeldía y cuenta con orden de captura. También deberá enfrentar juicio oral.
