“No podemos caer en la tentación de implementar mecanismos que, para defender el mercado interno, impacten en el exterior”, destacó el analista, agregando que los efectos de esos eventuales mecanismos podrán obstaculizar en momentos en que el Covid-19 genera un mundo más restrictivo en el comercio internacional.
Según Ramírez, la Organización Mundial del Comercio (OMC) anticipó que la economía mundial caería un 12%, pero en un escenario peor podría llegar incluso a un 36%, lo que implicará un mundo más proteccionista.
A su criterio, Paraguay necesita todas las herramientas de aplicación de acuerdos internacionales suscritos a nivel global y regional, y se debe ser responsable en cumplir con esos mecanismos. “Para la CAP hubo decisión oportuna y conveniente del Ejecutivo; nos oponemos a un sistema que vulnere la igualdad de competencia y ponga en riesgo los acuerdos internacionales”, sostuvo.
Si es que se hubieran implementado las medidas emanadas del Congreso (elevar hasta un 40% el margen de preferencia a productos nacionales en las adquisiciones públicas) correrían riesgo las negociaciones y el avance de los acuerdos a los que se llegaron entre el Mercosur y la Unión Europea; y el tránsito hacia la concreción con los países del EFTA y Corea del Sur, según dijo.
DERECHO A LA IGUALDAD. Por su parte, la Cámara de Representantes e Importadores de Productos Farmacéuticos, Tocador, Domisanitarios y Afines (Cripfa) brindó su reconocimiento al Equipo Económico Nacional (EEN) y al Poder Ejecutivo, expresando que la decisión de los legisladores no respeta el derecho a la igualdad de oportunidades consagrada en la Constitución Nacional.
Tampoco respeta la “defensa de la competencia en nuestro mercado, afectando directamente a empresas importadoras de productos de nivel internacional, con cuantiosas inversiones en tecnología e innovación, las cuales afectan directamente a la salud y la vida de la población”, reza parte de un comunicado.
Cripfa sostiene que están afectados todos los mercados, y que no debería ser sancionada una ley que implique un sobrecosto y una erogación de recursos públicos por el 40% adicional que debía ser pagado, por un producto que podría ser comprado a mejor precio.
La modificación de la Ley en cuestión (N° 4558/11), que hubiera elevado el margen de preferencia es catalogada de inconstitucional por la Cámara, además de propugnar el impedimento de la libre competencia y violar tratados internacionales, relacionados especialmente al Mercosur, según la entidad. Sostiene también que lo anterior fue motivo de preocupación pública y, especialmente, de los intereses que resguarda Cripfa.
UIP dice que se contribuye con la informalidad
Bajo el título La derrota del empleo y la formalidad, la Unión Industrial Paraguaya (UIP) emitió un comunicado en el que dice que el Ejecutivo no tiene interés en promover políticas públicas de desarrollo industrial, “lo que seguirá evitando la generación de más empleos, y se mantendrán los altísimos índices de informalidad”.
