Anuncio Martí es uno de los fundadores del partido comunista paraguayo Patria Libre (PPL), junto a Juan Arrom y Víctor Colmán, con quienes ha compartido casi dos décadas de exilio en Brasil, Uruguay y Finlandia, donde residen desde octubre del 2019.
El Gobierno paraguayo acusa a los tres de haber participado a finales de 2001 en el secuestro de María Edith Bordón, nuera del ex ministro de Hacienda Enzo Debernardi, y de ser dirigentes del grupo guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo.
Sin embargo, Martí niega tajantemente esas acusaciones y las considera un montaje del Gobierno paraguayo para criminalizar y estigmatizar la lucha de los movimientos de izquierda por la democracia en su país.
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“En Paraguay no hay democracia, no hay estado de derecho. La dictadura cayó en 1989, pero el mismo partido que era el brazo político de la dictadura (el Partido Colorado) continúa en el poder hasta hoy y lleva 60 años en el poder de forma prácticamente ininterrumpida”, afirma el militante izquierdista en una entrevista con Efe.
“Tal partido ya no es un partido político, es una organización mafiosa, de narcotraficantes, es una organización que viola los derechos humanos de forma sistemática en mi país”, añade.
Secuestro y tortura
El 17 de enero de 2002, Martí y su compañero Juan Arrom fueron secuestrados y torturados por unos desconocidos que querían obligarles a confesar su participación en el secuestro de María Edith Bordón e incriminar a empresarios y a otros miembros del PPL.
El horror duró dos semanas, hasta que fueron liberados por sus propios familiares, quienes acudieron acompañados de periodistas a la casa donde estaban retenidos tras recibir el aviso de unos vecinos, lo que precipitó la fuga de los secuestradores.
“Nosotros mismos hemos identificado plenamente a los autores materiales de nuestro secuestro porque actuaban a cara descubierta, y eran policías, militares e integrantes del Poder Judicial paraguayo”, asegura.
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Según Martí, su secuestro fue prácticamente calcado a los perpetrados bajo la llamada Operación Cóndor, con la que varias dictaduras de Sudamérica, entre ellas la del general paraguayo Alfredo Stroessner, detuvieron y asesinaron a miles de militantes de izquierda.
“El Estado paraguayo conoce muy bien ese proceso de desaparecer, torturar y asesinar a opositores para proteger a las dictaduras militares. Trece años después de la caída de la dictadura, en nuestro país se seguía implementando el Operativo Cóndor contra la oposición democrática”, denuncia.
El escándalo político de su secuestro provocó la destitución de dos ministros, pero el caso nunca se esclareció y todos los sospechosos, incluidos los autores materiales del secuestro identificados por Martí y Arrom, fueron absueltos.
El largo exilio
La impunidad con la que actuaron los secuestradores y la convicción de que no tendrían un juicio justo llevó a Martí, Arrom y Colmán a huir de Paraguay en el 2003 y refugiarse en Brasil, donde recibieron asilo político.
Allí denunciaron su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en el 2017 concluyó que “el Estado de Paraguay es responsable por la violación de los derechos” de los demandantes y, por tanto, debe compensarles económicamente y reabrir la investigación sobre su secuestro.
Sin embargo, el Gobierno paraguayo hizo caso omiso al dictamen de la CIDH y en mayo del 2019 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) examinó el caso y decidió absolver al Estado por falta de pruebas, pese a reconocer la existencia de las torturas.
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“La CorteIDH, que debe juzgar crímenes contra los derechos humanos cometidos por Estados nacionales, prefirió absolver a un Estado violador permanente de los derechos humanos para no hacer justicia con militantes de izquierda. Por lo tanto, el fallo fue político”, denuncia Martí.
Tras la decisión de la CorteIDH, el Gobierno del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, solo tardó 10 días en revocar el asilo político a los tres militantes paraguayos y estos huyeron a Uruguay ante la amenaza inminente de una extradición.
No obstante, el fallo de la CorteIDH no hizo cambiar de opinión al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que medió para que fueran acogidos por Finlandia, ni a la Interpol, que se negó a activar el código rojo como pedía el Gobierno paraguayo y permitió que viajaran a Helsinki.
Lo más duro del exilio
Tras dos años en Finlandia y 19 fuera de su país, Martí reflexiona unos instantes al ser preguntado sobre qué es lo más duro del exilio.
“Cuando uno es un militante social y político que lucha por una sociedad alternativa al capitalismo, lo que más uno extraña es la posibilidad de poder contribuir con la lucha, con la búsqueda de justicia, de estar al lado de los sectores marginalizados”, responde finalmente.
Dos décadas después todavía tiene secuelas sicológicas por las torturas, a pesar de que no era la primera vez que las sufría, ya que también fue detenido y torturado durante la dictadura de Stroessner.
Desde hace tiempo se dedica a escribir poesía, algo que se hace patente al responder si cree que algún día volverá libremente a Paraguay: “En mi patria dejé mis huesos, de mi patria nunca he salido y de regreso he estado cada día”, afirma.
