Eso es lo que sentimos cuando vemos el comportamiento de nuestra Fiscalía y nuestros magistrados.
Los primeros sin capacidad, voluntad ni coraje dicen que es un problema económico cuando entre ellos muy pocos resisten un análisis de correspondencia de ingresos con la vida fastuosa que llevan. Entre ellos nadie se priva y ni se cuidan las formas. La mafia de los pagarés saltó cuando vieron a los ujieres, el último orejón del tarro, paseándose por Europa y otros sitios paradisiacos con ingresos un poco mayores que el mínimo. Eran los que tenían que notificar a las víctimas de un sistema perverso disfrazado de Justicia, donde todos participaban de la fiesta de disfraces para atormentar e incluso matar a deudores de un sistema orientado a la corrupción. Ahí estaban todos en pérfida camaradería: abogados, actuarios, ujieres y jueces. Todos aparentaban que buscaban la justicia cuando el objetivo era sencillamente asaltar a mano alzada en nombre de un poder del Estado.
Aparentaban algo que de lejos no eran ni pretendían serlo.
Los de la Corte se asustaron cuando los fiscales allanaban las oficinas de jueces involucrados en la mafia. Y en vez de apoyar estas acciones de limpieza, afirmaron que estaban dejando un terrible precedente que ponía en riesgo las acciones de la Justicia a futuro. Se escandalizaban por el maquillaje que corría por los rostros pintarrajeados de la corrupción que por el hecho mismo que debiera suponer un task force entre todos para limpiar la cloaca pestilente en la que han convertido la supuesta Justicia.
Es imposible que pretendan salvar las apariencias de complicidad y prevaricato con estas acciones cuando tienen el mismo temor que muestran cuando se trata de resolver cuestiones que involucran a actores políticos. No se anima la Corte a reconocer el pedido de la senadora Kattya González, que recurrió a ellos para, entre cosas, pedirles que hagan justicia porque fue sacada por una cantidad menor –23 votos, cuando se requerían 30– que lo mandaba el reglamento para casos como el suyo.
No quieren reconocer que tiemblan de miedo ante la posibilidad de que una mayoría circunstancial acabe con ellos vía juicio político. Ni para guardar las apariencias tienen el coraje de levantarse ante un hecho claramente injusto y violatorio de los derechos de la peticionante. Van a esperar que pase el tiempo y especular a que los vientos políticos supongan menores riesgos para ellos, pero nunca para hacer justicia como corresponde.
La carta del sindicato de fiscales esta semana afirmando que el barco del Ministerio Público hace agua, amenaza con hundirse y preparan un motín contra Emiliano Rolón Fernández es una síntesis del nivel de putrefacción alcanzado por una institución clave en cualquier Estado de derecho. Afirman que desde que asumió el cargo hace dos años ha convertido al Ministerio Público en una referencia “del autoritarismo, el despotismo y el chonguismo”. Si esto es lo que piensan desde adentro por la misma tripulación qué nos queda a nosotros desde afuera agregar.
Un fiscal renuncia ante el temor de firmar una acusación contra Abdo que no redactó y un ex miembro del JEM devenido en abogado afirma que al fiscal que “canta 50” Aldo Cantero hay que sacarlo y al leguleyo de Cartes, Pedro Ovelar, cazarle la matrícula por corrupto. Esto es a cielo abierto con el único objetivo de acabar con la democracia o con lo poco que queda de ella.
Ya no es tiempo de apariencias. O vivimos en un Estado de derecho con lo que ello suponga para todos o declaramos el país en carnaval permanente al tiempo de seguir hasta el final con el baile de las máscaras, donde algunos se sienten muy bien engañando a todos.
Estamos en Cuaresma y el carnaval tendría que haber acabado antes del Miércoles de Ceniza.
