“La energía se encuentra en constante transformación”, reza un principio básico para referirse a las fuentes que cambian de acuerdo con las circunstancias y que incluso pueden volverse más útiles, en comparación con su estado anterior. Esta ley de conservación de la energía puede ser bien aplicada a cualquier campo de la vida, pero ¿qué mejor que aprehenderla dentro del propio ámbito energético nacional?
Los pasos vacilantes y a hurtadillas que se dieron en las negociaciones por Yacyretá deben transformarse en una cátedra magistral para las personas que tendrán la obligación de conversar con los brasileños por la revisión del Anexo C de Itaipú. La ciudadanía se ha despertado y no aceptará menos de lo que le corresponde al país, no tanto por el discurso de Mario Abdo Benítez, sino porque ya es consciente de que los países vecinos se han aprovechado durante décadas de las represas binacionales, mientras que la mayoría de los paraguayos no han visto sus bonanzas.
Una minoría sí se vio muy beneficiada por las hidroeléctricas. Este grupo lo forman las autoridades estatales, gubernamentales y municipales que han gozado de las mieles que provee el dinero de los royalties y de la cesión de energía.
Como ejemplo solo basta mirar el despilfarro del Fonacide, que se compone de los USD 360 millones que ingresan al año por cesión de Itaipú y que deben destinarse a mejorar la infraestructura en educación, en salud y promover la investigación científica. Varios municipios siguen sin rendir cuentas y la razón se evidencia en las pésimas condiciones de escuelas y hospitales públicos.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppNegociar con Brasil no será fácil. Al saldarse la deuda de Itaipú con Eletrobras, la tarifa de venta de energía se podrá reducir sustancialmente y esto agrada al país vecino, aunque también podrá beneficiar a los consumidores paraguayos. La hidroeléctrica ya no requerirá generar esos USD 2.000 millones anuales que se utilizan hoy para abonar el pasivo. Sin embargo, si se decide mantener el precio de venta actual en Itaipú, Paraguay podría acceder a USD 1.000 millones más al año; es decir, la mitad.
Por consiguiente, antes de ir a la mesa con los brasileños en el 2023, es imperioso que los paraguayos negocien primero entre sí. Estas conversaciones deben ser lo más amplias y transparentes posibles para decidir qué es lo que necesita el país y, sobre todo, qué se va a hacer con esos recursos. Se tienen cinco años en el horizonte, pero pasan demasiado rápido y son estériles cuando hay peleas partidarias de por medio.
EGOS BANALES. Argentina y Paraguay empezaron a negociar por Yacyretá en el 2014, cuando se cumplieron 40 años de vigencia del Tratado. No hubo una planificación previa, una política de Estado al respecto que hayan sentado las administraciones anteriores. Para colmo, empezaron negociando el Anexo A, buscando implementar la cogestión, siendo que el Anexo C (bases financieras) era el que debía ser revisado.
En cuatro años, no solo el Ejecutivo paraguayo manejó el tema en penumbras, sino que la oposición tampoco se interesó en realizar una audiencia pública que confronte a los que estén a favor con los que estén en contra. Cada parte hacía conferencias por su lado. Además, en el 2014 se había creado una comisión bicameral en el Congreso sobre la EBY y no sesionó una sola vez. Diputados y senadores terminaron peleando por egos y se empezaron a preocupar tarde.
Con los argentinos las conversaciones no han terminado. Está en marcha el estudio para la construcción de la central de Itá Corá, Itatí. Esta hidroeléctrica, afortunadamente, debe estar separada de Yacyretá.
De los propios paraguayos depende elegir bien las cartas, con anterioridad, para exigir las justas reivindicaciones en estas dos negociaciones binacionales. Los reclamos tardíos no ayudan a nadie.