La actual situación económica no es coyuntural. Desde 2015 se observaba que, a pesar del crecimiento de la economía, indicadores económicos básicos se empezaron a deteriorar, como por ejemplo los ingresos laborales.
La inflación de alimentos no es nueva ya que durante toda la última década los precios de los alimentos aumentaron más rápido que los de los demás bienes de la canasta básica familiar. Tampoco es nueva la queja ciudadana sobre los problemas de transporte público.
Más del 25% del gasto familiar se concentra en alimentos y movilidad, lo cual explica el apremio ciudadano y la necesidad de que el Gobierno proponga soluciones que cambien sustancialmente y en el largo plazo la situación.
La pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania profundizaron estos problemas, a los que se agrega la crisis climática, cuyos efectos principales han sido la reducción de la producción y productividad de alimentos para el consumo humano.
En este escenario de causas estructurales y con efectos en el largo plazo, cualquier medida dirigida a garantizar la seguridad alimentaria de la población y los ingresos familiares no puede ser parte de un plan de emergencia.
Se requiere una estrategia integral de manera a generar impacto real con eficiencia del gasto público. El plan actual es claramente insuficiente y debe ser reforzado poniendo en el centro de los objetivos a la crítica condición económica de la mayoría de la población.
Según el Ministerio de Hacienda, el plan de medidas económicas impulsado por el Gobierno Nacional está enfocado principalmente en el área social, buscando aliviar los efectos de la inflación. Por esta razón, la referida institución señala que aumentarán la cobertura de la pensión alimentaria para personas mayores, entregarán a familias de Tekoporã un complemento para reponer la capacidad adquisitiva perdida en los últimos meses y apoyará a la agricultura familiar de manera a generar ingresos en los hogares productores de alimentos como para aumentar la oferta y reducir los precios a los consumidores.
Para mitigar el impacto del aumento del precio de los combustibles, anunció que el precio del pasaje se mantendrá hasta final de año, para lo cual deberá mantener e incluso aumentar el subsidio al transporte público. Estas medidas son mínimas porque afectarán a una proporción minoritaria de la población y no atacan las causas, sino apenas las consecuencias. En el caso particular del transporte público, se gastará más en una política que es de baja calidad, ineficiente y poco transparente.
Si bien la incertidumbre con respecto a la duración y profundidad se mantiene, entre las certezas se encuentran los hechos incontrovertibles que persistirán al menos este año y el próximo y se profundizarán ya que se prevé la continuidad de la pandemia. Por lo tanto, la recuperación económica se retrasará.
Las soluciones coyunturales y superficiales no son sostenibles social y económicamente. Si además financian políticas que no sirven a la gente, contribuyen a la ineficiencia del gasto público. Las necesidades de acceso a alimentos sanos y precios justos, así como a una movilidad que contribuya a la eficiencia de la economía en general y de los hogares deben ser abordadas con medidas que requieren valentía y contundencia.
La ciudadanía espera que tanto políticos como funcionarios asuman sus responsabilidades y planteen respuestas de amplio alcance, integrales y eficientes. Se debe aprovechar esta crisis para iniciar las necesarias reformas profundas y de largo plazo, que tengan como prioridad el bienestar de la población.
