Dos situaciones que se produjeron en los últimos días prueban la vigencia de una antigua práctica: El uso indebido de los bienes públicos. Esta es una antigua y casi legitimada práctica por parte de autoridades y funcionarios, mayoritariamente del oficialismo. Esta vez involucra la utilización de vehículos por parte de dos senadoras. Nuestras autoridades deben entender que estos bienes son puestos a su disposición para que puedan desempeñar cómodamente sus tareas, y que es deshonesto y antiético usarlos para cuestiones particulares.
El primero de los casos involucra el uso de una lujosa camioneta que había sido decomisada y puesta a cargo del Senado. La polémica se inició cuando sorprendieron a la senadora Noelia Cabrera utilizando dicho vehículo para fines particulares. La camioneta en cuestión está a cargo de la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales, presidida por la legisladora liberocartista.
En su discurso de agradecimiento al recibir el transporte, la senadora había dicho que necesitaba un vehículo de gran porte para utilizarlo en las áreas protegidas, como el Parque Nacional Caazapá, la Reserva San Rafael, Paso Bravo y Morumbi. Sin embargo, fotos y videos viralizados muestran a la senadora utilizando el vehículo en Asunción realizando compras en una ferretería.
Se suma al lamentable escándalo el reclamo por parte del abogado del propietario del vehículo, Diego Dirisio, quien califica de atropello a los derechos de la propiedad de una persona y afirma que la camioneta no debió haber sido decomisada, ya que su cliente no tiene un proceso en Paraguay. Recordemos que Dirisio y su esposa Julieta Nardi son investigados por liderar una red que ingresaba armas legalmente al país y las proveía a organizaciones criminales de manera ilegal, incluso con apoyo de militares.
El segundo caso resulta confuso e involucra el uso discrecional de un vehículo del Senado, el cual sufrió un percance en Tacuatí, en momento en que estaba en el volante la pareja de la senadora cartista Zenaida Delgado. Posteriormente apareció una nota de un concejal de Tacuatí, dirigida a la parlamentaria con una invitación a una reunión con relación a un proyecto de albergue para adultos mayores. De esa manera, se intentó justificar el uso del rodado. Un detalle que no pasó desapercibido es que el parte policial fue elaborado por un suboficial de la zona, quien es cuñado de la senadora.
Se debe reconocer que, lamentablemente, tras más de siete décadas de autoritarismo y el gobierno de un único partido en el Paraguay, se ha normalizado que autoridades y funcionarios se consideren propietarios de aquellos bienes que pertenecen al conjunto del pueblo.
La visión patrimonialista es una característica típica de regímenes totalitarios y quedó profundamente arraigada con el sello de la dictadura de Alfredo Stroessner. Esto quedó demostrado cuando el gobierno colorado excluye del proyecto Hambre Cero a una gobernación de un partido político que no es el oficialista y también con la impune normalización del nepotismo en el Parlamento.
Las nuevas generaciones de líderes colorados siguen promoviendo las mismas prácticas, como se puede recordar que Santiago Peña, poco antes de las elecciones, dijo en un discurso de campaña que los cargos en la función pública se obtienen gracias al Partido Colorado y no por tener títulos o ser “guapitos”. Esto representa la captura de las instituciones del Estado por parte del Partido Colorado, que fue precisamente uno de los pilares de la dictadura de Stroessner. Así es cómo el Paraguay ha llegado a tener una estructura del Estado sobredimensionada, ya que el Estado paraguayo es un generoso empleador para los colorados; como señalaba un informe del Dende: “Los funcionarios públicos de todo el país perciben un salario promedio que supera en 45,5% a los empleados de empresas privadas”. Esto es, son dueños absolutos del Estado.
La ciudadanía debe ser contralora de las personas a las que elige para que gobiernen en su nombre y ser implacable para defender un patrimonio que pertenece al pueblo. La clase política debe dejar de abusar de los recursos públicos y recordar la pesada deuda que cargan con la población.
