22 dic. 2024

Aprueban el 60% del salario mínimo para las domésticas

La Cámara de Senadores rechazó ayer por mayoría la propuesta de las trabajadoras domésticas de establecer el pago del sueldo mínimo a los/las empleados/as de hogar, por considerar que los empleadores no tendrían capacidad financiera para pagar G. 1.824.055 por mes.

Foto: UH Edicion Impresa

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Tras una larga discusión, incluso ofensas, los liberales y colorados, en mayoría, se inclinaron por establecer que el salario mínimo legal para el trabajo doméstico no será inferior al 60% del sueldo mínimo legal, unos G. 1.094.433. Teniendo en cuenta que el que contrata debe pagar el aporte al Instituto de Previsión Social (IPS), tener una empleada doméstica le demandará G. 1.247.653 por mes a la persona o familia que hace uso de este servicio

Los empleados domésticos podrán recibir una remuneración por día, hora, semana o mes; incluso, podrán acordar con sus empleadores si la modalidad de trabajo será con retiro o sin retiro.

“Es una vergüenza cómo se les discrimina así a las 200 mil trabajadoras domésticas”, se quejó Nancy Agüero, quien vio desde el palco cómo los legisladores acababan con su sueño de tener un salario superior a fin de mes.

A propuesta del senador Enrique Bacchetta, de la Comisión de Legislación, el pleno votó a favor de que la edad mínima para desempeñarse en el empleo doméstico sea 16 años.

Los senadores aprobaron que los trabajadores domésticos cuenten con seguro del IPS y que además accedan a la jubilación con la suma total de sus aportes, en el caso de que el empleado cuente con más de un trabajo.

Los discursos en contra del pago del salario mínimo para el sector se multiplicaron en boca de Jorge Oviedo Matto, Óscar Salomón y Silvio Ovelar, quien propuso incluso postergar el análisis del proyecto para otra fecha, pero su intención fue desestimada por la mayoría.

El debate llegó hasta el insulto, cuando el senador Bacchetta trató de payaso a Eduardo Petta por cuestionar el porcentaje de salario propuesto, por ir en contra de lo establecido en la misma Constitución Nacional.

El documento pasa a la Cámara de Diputados para su estudio y tratamiento.

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