Por unanimidad, el pleno de la Cámara de Diputados sancionó ayer y envió al Poder Ejecutivo para su consideración el proyecto de ley “que regula la inmovilización de activos financieros de personas vinculadas con el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva”.
Esta es una de las leyes enviadas desde el Poder Ejecutivo con miras a la evaluación del Grupo de Acción Financiera para América Latina, que valorará los esfuerzos de nuestro país contra el lavado de dinero y el terrorismo, desde el mes de noviembre.
El proyecto establece que los bienes de toda persona sobre la cual existan sospechas de estar relacionadas al terrorismo o el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, podrán ser regulados como medida preventiva. Es decir, la inmovilización inmediata de los fondos y activos financieros será aplicada a personas físicas o jurídicas cuando éstas sean calificadas como presuntos autores ligados al terrorismo.
La diputada patriaqueridista Rocío Vallejo explicó que el articulo Nº 12 del documento establece un punto importante que no estaba previsto en la legislación anterior, que se refiere al método para la inclusión de nacionales en listas vinculadas al terrorismo, con lo que Paraguay cumpliría con los compromisos internacionales.
Además, el proyecto contempla la posibilidad de cooperación internacional para la inmovilización de activos de personas vinculadas al citado delito.
“La inmovilización administrativa de bienes por parte de sujetos obligados como bancos o financieras donde ellos manejan una lista de personas vinculadas al terrorismo, esta paralización administrativa lo pueden hacer los sujetos obligados conforme a la Ley 1015 de lavado de dinero, y pueden verificar su lista y si el cliente está en esa lista pueden comunicar a la Seprelad. Eso por un lado, por otro lado, algo muy importante es la inclusión del articulo 12 donde se establece que el Poder Ejecutivo designará una autoridad que a su vez va a ser la encargada de designar las personas vinculadas al terrorismo para ser incluidas en la lista de las Naciones Unidas, siguiendo el requerimiento establecido por este organismo”, expresó Vallejo.
En la exposición de motivos, el proyecto señala que guarda estrecha relación con las plasmadas en el marco de la ley de inmovilización de activos o fondos financieros, para prevenir y evitar actividades de origen terrorista.
Este proyecto fue una recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que pide a los países implementar medidas de este tipo.
Entre las sanciones que deben ser implementadas, el estándar GAFI hace alusión a las resoluciones que expresan que los países deben congelar “sin demora” los fondos u otros activos, asegurando que estos no se pongan a disposición, directa o indirectamente, de o para el beneficio de alguna persona o entidad designada en alguna de las listas de sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Triple frontera. Según un informe de Inteligencia norteamericano, y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Hezbollah, la milicia libanesa apoyada por Irán y definida como grupo terrorista por los Estados Unidos, está recurriendo a un “mini-Estado” de lavado de dinero en América Latina, que representa un riesgo creciente para la seguridad de la región.
Las actividades ilícitas en la llamada región de la Triple Frontera, que une a Brasil, a la Argentina y a Paraguay, han sido una fuente de preocupación para los funcionarios de seguridad estadounidenses.
La facilidad de blanqueo de productos obtenidos ilícitamente y la economía de los cigarrillos del mercado negro, el narcotráfico, la trata de personas y la venta ilegal de armas han atraído a organizaciones delictivas de todo el mundo hacia la Triple Frontera, que se ha convertido en un epicentro de todos los bienes ilícitos.