Los senadores que responden al cartismo alegaron que se buscaba limitar el derecho al trabajo. Ahora la propuesta pasa a la Cámara Baja.
“Tuvimos tres proyectos, inicialmente conocidos como puertas giratorias. Hoy día se refiere a conflicto de intereses”, explicó el titular de Legislación, Hugo Richer.
“Se elaboró un solo proyecto, resultado de mesas de trabajo (...). Se aplica a todas aquellas personas que hayan cumplido una función pública. Se da cuando en funciones laborales generen conflicto de interés”, explicó, en relación al proyecto.
“A diferencia de los demás, el presentado por el Ejecutivo incluye al presidente de la República, al vicepresidente, senadores, diputados y ministros de la Corte”, citó.
“No establece la renuncia tiempo antes de la entrada de los particulares, como en los anteriores proyectos, pero sí se da una pausa de un año posterior al ejercicio de la función para el ingreso al sector privado cuando pueda existir conflicto de intereses”, indicó.
En cuanto a la autoridad de aplicación, puso hincapié en que recae en la Contraloría General de la República.
“Puede ser de gran utilidad para mejorar las instituciones y desempeño de funcionarios en sus cargos”, consideró Georgia Arrúa, de Patria Querida, en señal de apoyo.
objeciones. “A pesar de haber escuchado en los últimos meses, no encuentro argumentos sólidos que puedan limitar los derechos constitucionales de libertad de empresa, libertad de empleo”, reclamó el cartista Sergio Godoy.
“El ser humano, los que abrazamos la función pública y vamos al sector privado, tenemos una formación que puede redituar en beneficio importante”, consideró, y anunció su rechazo.
“Me cuesta entender cómo es que se puede impedir que una persona que trabaja en el sector privado vaya al sector público y viceversa”, objetó Enrique Riera, también del bloque del cartismo.
“Le estamos afectando su libre derecho al trabajo”, insistió, y puso como ejemplos a James Spalding y Liz Cramer, quienes estuvieron en el sector público y privado.
“Creo que se va a atentar contra los derechos humanos”, sentenció el cartista Juan Carlos Galaverna.
“Cualquiera que recurra a la Corte en inconstitucionalidad con una esquela va a lograr que se declare inconstitucional, aunque solo le sirva a cada recurrente”, se quejó.
“Esto roza el onanismo político, pura poesía. En la práctica, una persona puede ser contratada con diversos métodos”, aseguró, alegando incluso “en negro”. También anunció su rechazo.
