La propuesta legislativa del senador Juan Afara tuvo la venia de sus colegas, quienes prestaron importancia al proyecto en atención a las quejas que hay en el servicio.
La finalidad, según el proyectista, es proteger a los usuarios del transporte público en lo concerniente a la adquisición y recarga de los medios electrónicos de pago de la tarifa.
La sanción tanto a personas físicas y jurídicas que generen sobrecostos no contemplados por las empresas prestadoras del servicio –reventa– tendrán que pagar una multa que irá de 10 a 30 jornales mínimos (G. 843.400 a G. 2.530.200). La escala de multas será reglamentada por el Poder Ejecutivo. El órgano de aplicación será la Secretaría de Defensa del Consumidor.
El dictamen de la Comisión de Legislación, que primó para la aprobación del proyecto, además testó el artículo octavo, referente a la tipificación de hechos punibles, que fue sugerencia del senador Jorge Querey, para evitar la criminalización preventiva. El artículo establecía tres tipos penales en los que los infractores de esta ley podían ser pasibles de investigación por parte del Ministerio Público. También se remitió un pedido de informe al Viceministerio de Transporte, a solicitud del senador Salyn Buzarquis.