El hacinamiento, factor determinante de la crisis penitenciaria, es una bomba de tiempo que aumenta su presión irremisiblemente, y este es el elemento que se debe atacar, y no realizar simples traslados y construir más cárceles, consideró ayer el ex fiscal general del Estado, Óscar Germán Latorre, en su Twitter, haciéndose eco de lo acontecido en la Penitenciaría Regional de San Pedro. La postura del jurista está en consonancia con el proyecto presentado ayer por la Defensoría Pública para derogar el artículo 245 del Código Procesal Penal (CPP), que prohíbe a los jueces otorgar medidas alternativas en casos considerados crímenes.
“Lo que se debe examinar es la causa de tal hacinamiento, que somete a los internos a condiciones de reclusión infrahumanas, que nuestras autoridades y también los ciudadanos no podemos seguir ignorando”, apuntó Latorre.
En la actualidad, el sistema penitenciario alberga a 16.800 internos, cuando su capacidad es de 4.800 presos. De esta cantidad, el 76% es gente que no tiene condena, es decir, que cumple prisión preventiva.
“Si la regla impuesta por la Constitución es de que los procesados deben mantener su libertad durante todo el proceso, salvo cuando sea necesario para su normal desarrollo (art. 19 CN) y que, además, debe tratarse de hechos punibles graves (art. 242 CPP), evidentemente nos encontramos con un uso abusivo, arbitrario e ilegal de la prisión preventiva”, agregó.

PROYECTO. Lorena Segovia, defensora pública general, en charla con La Lupa, en radio Monumental, manifestó que la aplicación de esta disposición (art. 245 del CPP) “no ha contribuido tampoco a la disminución de la comisión de estos ilícitos; al contrario, nos está llevando a una crisis penitenciaria, que era altísima, ahora tiene otros elementos, como crimen organizado. Esta situación de hecho no puede ser desatendida por los legisladores”, manifestó.