Los señalamientos de irregularidades aumentaron, sobre todo durante la pandemia, y hasta hubo denuncias de actuaciones fuera del mandato de la Constitución Nacional, en la primera etapa de la cuarentena del 2020.
El presidente del Colegio de Abogados, Manuel Riera, dijo que la Fiscalía General del Estado fue la gran ausente el pasado año, en medio de una crisis generada por la pandemia, y cuestionó su falta de políticas claras. También manifestó que era impensable que el sistema de Justicia esté en paro, siendo uno de los pilares esenciales del Estado, y lamentó que no se haya incluido al gremio de abogados en las decisiones.
“No tenía sentido que la Presidencia de la República y el Ministerio del Interior estén castigando a la gente en la calle por decreto, cuando el auxiliar de Justicia (abogado) es la pieza esencial de la Justicia”, expresó.
Riera destacó que, en su informe de gestión, la Corte Suprema de Justicia reveló que los hechos punibles más típicos en el año 2020 fueron la violencia doméstica, que colapsó el sistema de juzgados de Paz, y la violación de la Ley 716, del Medio Ambiente.
“Claro, le imputaron al rollo por violación de cuarentena, utilizaron la ley, la complementaron con un decreto, y la Fiscalía salió a cazar ciudadanos en todo el país. La gran ausente del 2020 es la Fiscalía General del Estado, no fue la Corte, fue la Fiscalía General del Estado, porque estas cosas no se explicaban, no se sabía cuál iba a ser la política de la Fiscalía, no se sabía de antemano, con previsión, cuál iba a ser la mirada punitiva estatal. Simplemente se imputaron a 3.000 personas sin razón, con un decreto, con otro decreto, que tiene clarísimos vicios de inconstitucionalidad”, aseveró el abogado.
El profesional del Derecho indicó que sin abogados no hay Justicia, por lo que cuestionó que hayan sido relegados, cuando su lugar es la calle, y reemplazados por defensores públicos. “Se estaba criminalizando la libertad del ciudadano”, resaltó.
JUICIO POLÍTICO. Los malos manejos del Ministerio Público son denunciados frecuentemente por referentes de la oposición que piden la renuncia o destitución de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez; sin embargo, la vía del juicio político es frenada por la mayoría colorada en la Cámara de Diputados.
Mientras tanto, la fiscala general se encuentra en absoluto silencio, en cuanto suman las acusaciones en su contra por mal desempeño y se hacen intentos de enjuiciarla.
Su desaparición de la escena pública se dio luego del caso del empresario cartista Karim Salum, quien el pasado año ingresó al país en un vuelo humanitario y no cumplió con el aislamiento de 14 días, favorecido por la influencia de la alta funcionaria, lo que motivó la primera presentación del pedido de juicio político, que no tuvo éxito.
Las últimas declaraciones públicas que realizó se dieron durante la fase cero de la cuarentena.
La diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN) Kattya González lamentó su desconexión con la ciudadanía.
“La falta de apertura y el enclaustramiento de la fiscala general del Estado no es nada positivo. El perfil que debe tener la fiscala no debe ser ultramediático, pero sí debe ser de un liderazgo firme y presente”, remarcó.
MORA EN PODER JUDICIAL. Manuel Riera realizó, durante una reunión virtual de referentes de la comunidad jurídica, un análisis sobre el funcionamiento de la Justicia en la pandemia.
Detalló que el Poder Judicial trabaja solo 169 días al año si se calculan ocho horas diarias. Pero que, en el 2020, restando el cese por huelga más el paro por Covid y la feria, sumaron 47 días hábiles sin atención.
Es decir, el Poder Judicial solo trabajó cuatro meses y medio, apuntó Riera, y resaltó, en ese sentido, que se recibieron 196.000 casos, agudizando una realidad de mora en el sistema de justicia.
La Fiscalía salió a cazar ciudadanos en todo el país. La gran ausente del 2020 fue la Fiscalía General del Estado. Manuel Riera, abogado.