La idea principal de la iniciativa es que el Estado se haga cargo de los gastos de los pacientes Covid en medicamentos que no hay en los hospitales y que se deben comprar de farmacias privadas. Sin embargo, la crítica que hicieron diputados opositores fue que se complica en burocracia al familiar que debe perder tiempo en trámites mientras se agrava la salud del enfermo, y que se beneficia a las farmacias privadas ya que el Estado pagará mucho más en compras unitarias del consumidor final en vez de gastar el dinero en lotes mayores de remedios que pueden estar en hospitales.
Los colorados tuvieron el apoyo de los tres diputados del Partido Patria Querida (PPQ) y algunos del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).
El proyecto, que fue derivado al Senado, establece como fuente de financiamiento recortes de gastos superfluos en instituciones, entre ellos, un fondo de USD 32 millones en bonos que estaban previstos para obras públicas, y se introdujo un artículo que autoriza al Ejecutivo que destine dinero de Itaipú y Yacyretá para el efecto, como propuesta del cartista Basilio Núñez. Serán cubiertos medicamentos, insumos y estudios de diagnóstico para internados en centros dependientes del Ministerio de Salud, Instituto de Previsión Social, Hospital de Clínicas y hospitales de gestión privada.
El diputado cartista, Raúl Latorre, proyectista, alegó que esta iniciativa soluciona el problema de aquellos ciudadanos que se endeudan para salvar a sus familiares y que hasta deben ir a Clorinda para comprar medicamentos.
El diputado del PLRA, Édgar Acosta, cuestionó que se recorte un presupuesto de obras que luego debe reponerse. También señaló que no se puede decir que se autoriza al Ejecutivo a usar los fondos sociales cuando ya es atribución de este poder del Estado, por lo que sería letra muerta.
Destacó que los medicamentos no deben comprarse de las farmacias porque deben estar en los hospitales. Añadió que estas compras ni siquiera aseguran estar controladas y que serán mucho más caras.
El procedimiento señala que el faltante del insumo o estudio deberá ser indicado en la receta u orden médica, para que sea retirado o realizado en un centro privado y que luego sea abonados por Salud. El diputado del PPQ, Sebastián Villarejo, propuso que se agregue límite de precios para evitar inflación.
La diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN), Kattya González, manifestó que mientras la Dibén analice las recetas, los pacientes estarán muriendo. Insistió en que medicamentos e insumos deben estar en los hospitales y que debe existir un protocolo de tratamiento que defina drogas y cantidades para licitar y que no falten en los centros asistenciales y que por ende sean a precios más bajos. “Con tal de no tocar las binacionales son capaces de vender a su mamá. Con esto se beneficia a farmacias y no la ciudadanía”, aseveró.
El diputado del PPQ, Sebastián García, mencionó que esto es un reflejo de que el éxito de las farmacias es proporcional al fracaso del sistema de salud.
Financiación
Gastos superfluos. El proyecto establece que se use el presupuesto destinado a gastos superfluos recortado de instituciones.
Obras públicas. Se dispondrá de USD 32 millones que estaban previstos para el MOPC, en el marco de la Ley 6669/20, De recuperación económica por los efectos de la pandemia.
Binacionales. Se autoriza al Ejecutivo a usar gastos socioambientales, aunque esta ya es una facultad del presidente.