La decisión fue comunicada durante una reunión mantenida entre el ministro de Agricultura, Luis Basterra, y la denominada Comisión de Enlace, integrada por las cuatro mayores patronales agropecuarias del país.
“Se nos comunicó que los derechos de exportación a todo el complejo sojero se elevarán al 33%, exceptuando a aquellos productores que ingresarán a un sistema de compensaciones”, dijeron las patronales en un comunicado conjunto.
La alícuota del derecho de exportación –denominado “retención” en Argentina– es actualmente del 30% para los envíos de soja y derivados (aceite y harina).
El de esta oleaginosa y sus subproductos es el principal complejo exportador de Argentina.
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Según datos oficiales, en 2019, las colocaciones de soja y derivados (aceites, harinas y biodiésel) sumaron USD 16.494 millones, un 13,8% más que en 2018.
En diciembre pasado, cuatro días después de que el peronista Alberto Fernández asumiera la Presidencia argentina, el nuevo Gobierno ya había subido los derechos de exportación a la soja desde el 24,7% al 30%, una medida que justificó a partir de la “grave situación por la que atraviesan las finanzas públicas”.
Para la campaña agrícola 2019-2020, Argentina, el primer exportador mundial de aceite y harina de soja, espera una cosecha de este grano de 54,5 millones de toneladas.
El pasado domingo, en su discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, Alberto Fernández reveló que le había hecho una “propuesta generosa” a las patronales agrarias para incrementar los derechos de exportación solo para el caso de la soja, sin modificar la tasa de los otros 24 granos alcanzados por el tributo.
“Yo aspiro a que esta vez, a través del diálogo, encontremos el camino que nos conduzca a sostener el desarrollo y a preservar las cuentas públicas”, dijo Fernández.
La Comisión de Enlace confirmó que el Gobierno mantendrá los derechos de exportación del resto de los cultivos, “con bajas en algunos de ellos, y se reducirán las retenciones a las economías regionales”.
Según fuentes oficiales, la intención del Ejecutivo es bajar las alícuotas para los granos y aceites de girasol, las harinas de trigo y maíz, los productos de la pesca, las carnes de ovinos y cerdos, entre otros productos.
Durante la reunión, el Gobierno mencionó la posibilidad de revisar la presión fiscal sobre el sector con un esquema hacia la bajada de impuestos durante un determinado periodo y de avanzar en el análisis de mecanismos tributarios de compensación del efecto fiscal de los derechos de exportación.
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Las patronales rurales insistieron en que la "única manera de alcanzar el pleno desarrollo del sector” es “eliminar” los derechos de exportación a todos los productos agropecuarios.
“Cada una de las entidades someterá a sus órganos de Gobierno este nuevo esquema en los próximos días, luego de lo cual, la Comisión de Enlace definirá los próximos pasos y acciones a seguir”, indicaron las patronales.
Los impuestos a las exportaciones fueron eje de un severo conflicto entre el sector rural y el Gobierno argentino en 2008, cuando Fernández era jefe de Gabinete del Ejecutivo de Cristina Fernández (2007-2015).
Aquel conflicto incluyó prolongadas protestas por parte de las patronales rurales, con bloqueos de carreteras y huelgas de comercialización de productos agropecuarios, lo que en aquel año impactó de lleno en la actividad económica del país.
Alberto Fernández dejó la Jefatura de Gabinete a mediados de 2008, en medio del conflicto.
