En un comunicado emitido por Cancillería, el Gobierno de Argentina lamentó “que a la fecha no hayan sido esclarecidos los hechos vinculados a la muerte de las niñas”, quienes murieron en dos choques entre la guerrilla Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), compuesta por militares y policías, en el norteño Departamento de Concepción.
El Ejecutivo paraguayo sostiene que las niñas nacieron en Paraguay y que crecieron en Argentina (la Cancillería de ese último país aseguró en setiembre que ambas contaban con nacionalidad argentina), desde donde salieron en noviembre del 2019 para visitar a sus padres en el campamento guerrillero.
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El Gobierno argentino también solicitó este jueves a Paraguay que facilite el acceso de miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense para colaborar con la investigación de los hechos y para realizar una autopsia, “así como que se permita el acceso a las actuaciones administrativas y judiciales a los familiares de las niñas y representantes del Estado argentino, a lo que Paraguay se negó sistemáticamente”.
“Nuestro país ha manifestado su intención de acompañar con un Amicus Curiae la petición efectuada por los familiares de las víctimas ante el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, con el fin de solicitar una investigación independiente, objetiva e imparcial que permita el esclarecimiento de las circunstancias en las que éstas fueron asesinadas”, agrega el comunicado emitido por Cancillería.
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Por su parte, el Ejecutivo paraguayo sostiene que las niñas tomaron parte en los enfrentamientos, responsabilizando de sus muertes al EPP por reclutar en sus filas a menores de edad.
Como ejemplo, el Gobierno paraguayo mostró el pasado 29 de diciembre una serie de documentos que atestiguan que la guerrilla emplea a menores en sus filas, crecidos y educados en Argentina y luego devueltos a los campamentos de la guerrilla donde nacieron.