En sus primeros días de gestión, al ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano le tocaron al menos dos temas urticantes que pusieron a prueba su capacidad. En el primero aún está pendiente confirmar si logrará el objetivo de reencauzar la situación a favor del país, consiguiendo que la Unión Europea acepte los nuevos términos que el Gobierno planteará en una adenda al convenio de financiación suscripto con este organismo para apoyar el sistema educativo paraguayo. De ese modo, se busca evitar que prospere la derogación del convenio por medio de una ley impulsada por los diputados.
En el segundo tema, vinculado al intento de levantamiento del cobro unilateral de peaje por parte de la Argentina en un tramo de la hidrovía Paraguay-Paraná y que este país cumpla con los desembolsos por el uso de energía de Yacyretá, el canciller no quedó bien parado tras la reunión el jueves último con el ministro argentino de Economía, Sergio Massa. La intención era destrabar ambos inconvenientes con el país vecino. Al término del encuentro, Ramírez Lezcano anunció que se levantaría de inmediato el cobro del peaje, porque ese fue el entendimiento que creyeron haber alcanzado con Massa. Sin embargo, fue desmentido en la misma tarde por el Ministerio del Transporte de la Argentina.
El conflicto sigue en curso y las intenciones del Gobierno Nacional resultaron en un revés.
En este escenario de crispaciones retorna Ramírez Lezcano al ámbito diplomático, luego de 15 años en el sector privado. Ya había sido canciller durante los dos últimos años de gobierno de Nicanor Duarte Frutos, entre el 2006 y el 2008. Le aguarda administrar situaciones incómodas para el sector político ahora en el Gobierno, como la suscitada con Estados Unidos, ante la posibilidad latente de que las sanciones contra el ex presidente Horacio Cartes escalen y Washington solicite su extradición.
—Tras el episodio del jueves último al final de la reunión con el ministro argentino de Economía, sobre el peaje en la hidrovía y la deuda con Yacyretá, ha quedado la sensación de que el Ejecutivo pecó de ingenuo en el afán de resolver temas tan delicados. ¿Cómo se puede explicar lo sucedido, ministro?
—La relación entre las naciones se administra sobre la base de la confianza entre las personas. Obviamente, la palabra tiene una fuerza importante. Se transforma en acciones. Luego de una reunión, el hábito es hacer declaraciones y bajo la confianza se acuerdan los términos de estas declaraciones, que es lo que nosotros hicimos en la reunión con el ministro Sergio Massa. Lamentablemente ha perdido credibilidad la Argentina al haber abordado de esta manera una relación tan importante (al desmentir lo acordado).
—¿Por qué tratar temas tan relevantes con autoridades del Gobierno argentino saliente, considerando que están de salida, y que lo que fueran a aprobar en esta etapa puede ser reconsiderado por el gobierno que vendrá, a menos que se firme un documento?
—Porque hay un sentido de urgencia de los operadores (navieros) de la hidrovía Paraguay-Paraná. Hay un sentido de impacto importante en el transporte de mercancías y a la previsibilidad de los precios que va a otorgar tanto a los productos importados como los exportados.
—Pero está fijada una reunión de alto nivel sobre ese tema en particular, entre los representantes de todos los países afectados por la situación, para el 30 de agosto y hasta entonces la situación sería invariable…
—Sí, pero en la reunión con Massa había otras cuestiones que tratamos: además del peaje en la hidrovía, la deuda de Yacyretá, que sí es imperativa para nosotros. La deuda de Argentina al Tesoro paraguayo es de USD 90 millones y, ante las condiciones en que asumimos el Gobierno y en que se encontraron las arcas del Estado, es necesario tener los recursos para abordar las cuestiones prioritarias que hay que enfocar, como educación y salud. En el diálogo con el ministro Massa también conversamos sobre el mejoramiento del tránsito fronterizo, del mejoramiento de la infraestructura Puerto Falcón-Clorinda y el desarrollo del puente Pilar-Puerto Cano, que son hitos de la integración.
—¿Y cuál fue la promesa respecto a la deuda con Yacyretá por parte del ministro Massa?
—Primero, días previos a la reunión del jueves en Asunción, la afirmación de que ellos ya habían desembolsado USD 10 millones, y que harían un nuevo desembolso de USD 3 millones, el viernes. Que pagarían a principios de setiembre la deuda flotante del año 2022 y que entregarían unas coordenadas de un cronograma de pago de la deuda 2023. Esa fue la promesa.
Nosotros tuvimos la sorpresa de la declaración en la que se deniega que alcanzamos ese acuerdo sobre la suspensión del cobro de peaje que, desde el punto de vista objetivo, tenía que transformarse en un acuerdo formal en la reunión de alto nivel que está prevista para fin de mes. No digo que la visita del ministro Massa no haya sido formal, porque fue oficial.
Para nosotros, haber acordado y entendido en los términos que anunciamos representa realmente una oportunidad de salida.
—¿Permanece la confianza de que esto se pueda destrabar, a pesar de que se enturbió aún más la situación, ya que la Argentina está decidida o no levantar el cobro del peaje y de que por lo menos hasta ahora no se produjeron los pagos a Yacyretá?
—Nosotros nunca vamos a agotar el diálogo. Siempre estamos preparados para ello. En el momento que Argentina elija a su nuevo gobierno, hablaremos con la persona que el pueblo argentino elija para presidir el nuevo gobierno.
—¿Y hasta tanto ello ocurra en octubre?
—Estaremos abiertos al diálogo con este gobierno y con el que venga.
—¿En qué quedaron con su par, el canciller Caffiero, sobre todo este tema?
—Él se va a informar de los acontecimientos. Nuestra expectativa es avanzar con nuestras discusiones y estamos atentos a lo que nos indiquen.
—¿En qué medida afecta a las relaciones bilaterales con EEUU las designaciones de significativamente corrupto adoptadas por ese país sobre figuras como el actual presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, y el anuncio de que seguirán señalando a otros funcionarios?
—Nosotros somos sumamente respetuosos del marco institucional y constitucional de cada país cuando nos relacionamos. Estados Unidos no es distinto a eso. Nuestras relaciones se sostienen bajo el derecho internacional y, en ese sentido, es clave la Convención de Viena sobre las Relaciones Internacionales.
Mientras un país adopte decisiones en el marco de su soberanía, no nos vamos a oponer a ellas. Es su derecho admitir o no en su territorio a un ciudadano y calificar a una persona.
En ese contexto nuestra relación con los Estados Unidos (EEUU) se construye bajo el respeto y el deseo de ampliarla. Esa ampliación está vinculada con el comercio y las inversiones que estuvieron muy poco priorizadas en esa agenda. Nos interesa una agenda de colaboración en materia de seguridad, de lucha contra la corrupción. Sobre este último, planteamos lo siguiente: Paraguay es un país que viene siendo señalado como corrupto, y quisiéramos saber la métrica que utilizan, ¿cuáles son los criterios objetivos para definir el nivel de corrupción?
—¿Para enmendar, corregir?
—Claro, tenemos que implementar las mejores prácticas de los países que han entrado en un nivel de mejoramiento de la calidad institucional. El presidente Santiago Peña está comprometido en alcanzar esto. Pero que nos podamos calificar bajo una métrica real, concreta y coherente, para que veamos si ¿avanzamos, cumplimos objetivos, estamos en el camino correcto? Ese es un elemento concreto de colaboración con los EEUU. También la cooperación en cuanto al narcotráfico. Este es un tema que agrede a nuestra sociedad y partimos de la base de que se han descubierto cargamentos extraordinarios de cocaína. Paraguay no produce cocaína, es un país de tránsito. Por lo tanto, no es Paraguay el que tiene un problema; somos los países de tránsito, de origen y de destino los que tenemos que abordar la solución a esta problemática. Lo que tampoco es saludable es que solamente se acuse a Paraguay y que inclusive nuestros conciudadanos acusen a nuestro país, generando una imagen que no es la que no queremos.
—Esa métrica para medir el nivel de corrupción de un país, ¿es un asunto que se trabajaría particularmente con EEUU?
—En realidad trabajaremos con nosotros mismos. Nosotros no queremos satisfacer a ningún país en su evaluación unilateral. Hay organismos internacionales, pero nuestro propósito es copiar las mejores prácticas que puedan ser implementadas en nuestro país y ser medidas. Hay una serie de iniciativas, como portales de transparencia, entre otros, pero realmente necesitamos a profundidad encontrar esos mecanismos de evaluación y medición para ver de qué manera se administra un proceso de cambio cultural en nuestra sociedad, que es fundamental.
—¿Y qué institución va a liderar esto?
—El Poder Ejecutivo está trabajando en ello. Hay un equipo que está trabajando para ese proceso. Hay un esfuerzo político importante de los tres poderes del Estado que vienen reuniéndose de manera informal y formal para poder encontrar esos mecanismos de evaluación.
—¿La posibilidad de una extradición del ex presidente Cartes es un punto latente. Peña había dicho que no interferiría ante un eventual pedido de extradición. ¿Qué papel tendría la Cancillería en ese caso?
—La Cancillería tiene la función de recibir la solicitud de extradición y entregar al Poder Judicial de manera que este actúe de acuerdo con la ley. Es la única función, para todos los casos de extradición. Al igual que en un pedido de extradición que realice nuestro país a otro, por ejemplo, el caso Arrom y Martí.
—¿Tiene previsto el presidente realizar una visita de Estado a Washington en lo inmediato?
—La dinámica irá determinando en qué momento se puede producir una reunión bilateral. El presidente Peña iría a una visita al Gobierno norteamericano solamente si se encontrase con el presidente Biden. Entretanto, vamos a tener viajes a EEUU, por ejemplo, a Nueva York (Asamblea de ONU); a Washington, para una conferencia muy importante en la que Peña va a participar como principal orador. Pero no va a hacer visita a nivel de Estado. Sí hay una invitación al presidente por parte del Congreso de los EEUU, que estamos coordinando en qué momento se va a producir.
—¿Por qué el Ejecutivo considera prioritario designar un embajador ante Israel y mudar la Embajada del Paraguay a Jerusalén?
—Porque el presidente hizo una promesa de campaña. Él tiene una visión en la que Israel es un actor preponderante a nivel global, y en eso coincidimos. Su relación con el primer ministro Benjamín Netanyahu es muy cercana. Es de amistad. Con Israel tenemos una agenda que va a ser muy virtuosa en el sentido de la cooperación en conocimiento y tecnología.
—¿Esa cooperación está suspendida aún desde que cerraron su Embajada en Asunción en 2018?
—Está parada. Se reabriría la Embajada de Israel en nuestro país.
—Tomar partido por la posición israelí respecto a Jerusalén tendrá un impacto político internacional, por aquello de que Paraguay históricamente ha mantenido una posición neutral en el vigente conflicto judeo-palestino. ¿Cómo se afrontrá esto con los países árabes?
—Nosotros estamos dialogando con los países árabes. Es un tema sensible para ellos y nosotros entendemos que es así. Pero Paraguay no va a ser el único país que mude su Embajada de Israel a Jerusalén.
—Con Paraguay serían solo cinco los países.
—Por eso, no es el único. Es una decisión política que le corresponde al presidente de la República. Las consecuencias van a ser positivas desde la perspectiva del comercio y las inversiones.
—¿No temen que se generen focos de conflicto una vez ejecutada la decisión?
—Estamos preparados para trabajar con todos los países. Nuestra política internacional no es ideológica ni es religiosa.
Tenemos un proceso de diálogo. No estamos improvisando. Cada acción que emprendemos tiene un objetivo diseñado. Tenemos hoy nuestro plan de los 90, 180 y 1.800 días en la Cancillería.
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