Por primera vez desde marzo de 2014, el nivel de riesgo país que mide el banco estadounidense JP Morgan -con el que se evalúa el nivel de capacidad de pago de la deuda soberana- se colocó camino de los 1.000 puntos, tras haber cerrado el martes en los 860 y en una jornada en la que la divisa nacional ha vuelto a desplomarse.
Aunque otras monedas emergentes sufrieron este miércoles un nuevo embate ante el dólar -la lira turca ha caído al nivel más bajo en seis meses-, el peso argentino vuelve a confirmarse como la más débil al caer en un solo día un 3,47% ante el dólar.
La divisa estadounidense, en cambio, acumula una subida del 119% desde abril de 2018, cuando la suba de los tipos de interés en Estados Unidos comenzó a atraer allí capitales que se fugaban de los países en desarrollo.
Todo esto se suma al descenso esta jornada del 3,82% en el índice de referencia de la Bolsa de Buenos Aires, a las fuertes pérdidas de las acciones argentinas en EEUU y a la caída de la rentabilidad de los bonos soberanos, cuando restan apenas seis meses para la celebración de elecciones presidenciales.
“El mundo duda que por ahí los argentinos queremos volver a atrás y eso le da mucho miedo al mundo. Entonces, aumenta el Riesgo País, toman posiciones más defensivas, pero yo creo que están equivocados”, expresó en declaraciones radiofónicas el presidente argentino, Mauricio Macri, cuya popularidad lleva meses cayendo en picado en las encuestas producto de la crisis económica.
Para el mandatario, que en varias entrevistas ha deslizado que se presentará a los comicios de octubre, la desconfianza inversora es fruto del temor a que regrese al poder el peronismo, en especial la corriente kirchnerista, encabezada por la ex presidenta Cristina Fernández (2007-2015), quien todavía no ha confirmado si se lanzará a la carrera electoral.
“La duda es infundada porque no vamos a volver atrás, los argentinos entendimos que la magia no existe, que el mesianismo nos lleva a destruir la sociedad”, reiteró Macri, que continuamente critica la política económica de su antecesora, principalmente por su aislamiento, por las trabas a la compra de divisa extranjera, los actos de corrupción y por no erradicar el histórico déficit fiscal.
Estos días se cumple un año desde que la economía argentina comenzó a descalabrarse tras una racha de cinco trimestres consecutivos de subidas. Un tiempo marcado también por la aceleración de la inflación, que en marzo último fue del 4,7 % respecto de febrero y del 54,7% interanual.
La devaluación -con abruptos ciclos de caídas que el Ejecutivo combate con altas tasas de interés y subastas programadas de dólares-, sumada a la fuerte sequía que afectó al campo, llevaron al Gobierno a pedir en mayo pasado al Fondo Monetario Internacional (FMI) un préstamo por tres años por unos USD 57.000 millones.
Un plan de ayuda financiera que conlleva fuertes ajustes para alcanzar el equilibrio presupuestario para 2019, objetivo que Macri considera indispensable para dejar de depender del capital externo.
Pero lo cierto es que a pesar de haber volcado sus esperanzas en la ayuda del FMI, el país sigue sin recuperar la confianza y la oposición alerta de que quien sea el próximo presidente, tendrá que afrontar graves problemas para pagar la deuda emitida por el actual Gobierno, que se estima en más de 190.000 millones de dólares.
“No alcanza solamente con la explicación del presidente Macri de ‘como Cristina va a ganar las elecciones, entonces el riesgo país aumenta’. Es poco serio para los argentinos que sufren diaria y cotidianamente esta política económica”, criticó hoy el diputado kirchnerista Agustín Rossi en una sesión de la Cámara Baja.
Según lamentó el legislador, que ya adelantó su intención de presentarse a los comicios, nadie sabe “a ciencia cierta qué es lo que va a pasar mañana en la economía argentina”.
Esta situación se da justo una semana después de que el Gobierno lanzara un paquete de medidas para frenar la inflación, como la suspensión de los ‘tarifazos’ en la electricidad, el gas y el transporte y el congelamiento de precios de diversos productos esenciales.
Pero siete días después, las contradicciones en torno a cuándo y en qué lugares los ciudadanos podrán encontrar esos precios cuidados no hace sino embarrar el terreno y acrecentar las dudas de los economistas, los inversores y de los más damnificados, los ciudadanos de a pie.
