El gobierno de Javier Milei empezó a implementar su estrategia de shock con el objetivo de eliminar la inflación y recuperar el crecimiento económico. Argentina lleva más de una década de estancamiento, a pesar de que sucesivos gobiernos han insistido en políticas económicas expansivas en todo ese periodo y lo único que lograron es llevar al país al default y a una creciente inflación que ha golpeado a los segmentos más vulnerables de la población, con un índice de pobreza superior al 40%.
Las políticas de shock empezaron con las diez medidas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, que implican un importante ajuste de las cuentas fiscales para eliminar el déficit y no requerir financiamiento del Banco Central, causa principal de la aceleración inflacionaria en los últimos años. Las drásticas medidas incluyen incremento temporal en las retenciones, la suspensión de obras públicas, la reducción de subsidios a la energía y al transporte, el despido de unos 7.000 funcionarios, reducción del 50% del número de ministerios y secretarías. Para mitigar el impacto en los segmentos más pobres aumentaron en 50% los montos de la asignación universal por hijo y el programa Alimentar, dos programas sociales relativamente mejor focalizados.
En el sector externo, lo destacable es la fuerte devaluación del tipo de cambio oficial que pasó de $370 a $800 con minidevaluaciones del 2% mensual revisable, y reemplazaron las licencias previas por un registro previo para las nuevas importaciones, con libre acceso a las divisas. En el frente monetario, empezaron el proceso gradual de reducción de la deuda del Banco Central, con una reducción de tasas y plazos a un día de sus instrumentos de regulación que, sumada a la fuerte devaluación del peso y la eliminación del financiamiento monetario del déficit, implicará una reducción en los saldos reales de su deuda y un aumento en la demanda nominal de pesos por efecto de la mayor inflación. Además de la credibilidad del ajuste fiscal, será fundamental mantener la consistencia entre la tasa de interés, el ritmo de devaluación (no abusar del tipo de cambio como ancla nominal) y la tasa de inflación para afectar las expectativas y las negociaciones salariales en los próximos meses; estas variables determinarán el ritmo de la estabilización de precios y su costo en términos de actividad económica, empleo e ingresos.
La segunda parte viene con el DNU N° 70 y el proyecto de ley ómnibus, a través de los cuales modifica el sistema regulatorio bajo el cual ha funcionado durante décadas la economía argentina. Su objetivo es flexibilizar y liberalizar los esquemas de contratación, de acceso a mercados y de fijación de precios para mejorar la eficiencia y la competitividad del sistema económico con la introducción de una economía social de mercado efectiva, buscando formalizar las transacciones económicas e iniciar un círculo virtuoso de mayor inversión privada, aceleración del crecimiento económico y la generación de empleos que redunden en un creciente bienestar para los argentinos. La lista de modificaciones es tan amplia que no es posible siquiera citar las más importantes, pero todos apuntan al mismo sentido de liberalizar la economía, incluido el comercio internacional, donde plantean hacerlo en el marco del Mercosur.
La estrategia de Milei es abarcante, profunda y muy necesaria para convertir a la Argentina en un país predecible con una economía dinámica que genere oportunidades y mejore el bienestar de la gente de manera sostenible. Es destacable su coraje para proponer tal transformación en vez de seguir con la práctica política de sus antecesores, de hacer cálculos de mayor o menor aceptación popular que siempre llevan a un sesgo populista y a la toma de decisiones insostenibles, cuya suma a través de décadas trajo a la Argentina a la situación en la que está. Gran parte de la población ha comprendido que este cambio de rumbo es necesario, pero veremos la reacción ante el impacto negativo en sus ingresos y en el costo de vida de una mayor inflación en el corto plazo, además de sí el sistema político tradicional lo apoya o aprovecha el descontento de la gente para reposicionarse y nuevamente plantear soluciones mágicas que no existen.
