La Asociación Rural del Paraguay (ARP) se pronunció en contra del fallo dictado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Capital y confirmado por el Tribunal de Apelaciones, que ordena al Servicio Nacional de Salud y Calidad Animal (Senacsa) proveer datos a un ciudadano que solicitó información sobre el sector ganadero a través de la Ley de Transparencia.
El gremio argumenta que los productores no son funcionarios públicos y que por tanto no corresponde que se difundan sus informaciones personales. “Bajo ningún concepto debemos rendir cuentas a la ciudadanía en general de nuestro patrimonio personal y privado, de acuerdo al cual, pagamos impuestos y rendimos cuenta a los entes públicos que corresponden”, advirtió la asociación en un comunicado.
Se trata de una solicitud que realizó el ciudadano Federico Legal a través del portal gubernamental habilitado en cumplimiento de la Ley 5282 de Información y Transparencia. Se basó en esta herramienta para pedir el listado de establecimientos de todo el país, segmentado por código, departamento y distrito; el número de bovinos declarados por cada estancia y la cantidad de ganado transportado, especificando a qué propietarios corresponde, así como el destino final de los animales. Como el Senacsa rechazó su petición, Legal recurrió a instancias judiciales, donde finalmente le dieron la razón.
Sin embargo, de acuerdo con la ARP, el servicio sanitario presentó una acción de inconstitucionalidad, que aún debe resolverse.
El sector teme que los datos tengan como consecuencia la exposición y vulnerabilidad de los productores para fines delictivos como extorsiones, secuestros y abigeato, según argumentaron.
Solicitud. No es la primera vez que la respuesta del Senacsa dejó con dudas a las consultas realizadas a través del portal de Transparencia Activa.
Al respecto, Federico Legal recordó en su petición la vigencia de un convenio que apunta a fortalecer la trazabilidad del sector cárnico con la participación de instituciones públicas.
