La Asociación Rural del Paraguay (ARP) emitió este martes un comunicado en el cual defiende la libertad de expresión, tras las expresiones de su presidente, Pedro Galli, en las cuales acusa a senadores del Frente Guasu y el Partido Democrático Progresista de querer tomar el poder por vía de las armas y no precisamente por un método democrático, para tener un régimen totalitario.
La senadora Desirée Masi advirtió que demandaría ante la Fiscalía al titular de la ARP y a todos lo que hagan acusaciones similares y los vinculen con grupos armados y terroristas.
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Desde la ARP señalaron que la amenaza de denunciar a su presidente por declaraciones y denuncias de “hechos varios que son notorios y ocurren a diario”, es un claro intento de limitar la libertad de expresión, de infundir miedo y socavar las bases de la democracia.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppAsimismo, sostuvieron que la amenaza es un indicio del proceso de deterioro institucional que se está viviendo y que es propiciado por actores al servicio de un proyecto totalitario, que busca destruir los pilares del país.
De igual manera, manifiestan que toda restricción o intento de limitar los derechos a la propiedad privada, libre comercio y la vigencia de las instituciones, con la presentación de leyes de tinte inconstitucional y con apoyo a las violaciones de propiedad privada o despenalización de las invasiones, constituyen conductas ilícitas conforme al artículo 127 de la Constitución Nacional, que dice que no está permitido predicar su desobediencia.
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Además, indicaron que la Comisión Directiva Central de la ARP apoya y hace suyas las declaraciones de su presidente, en la tesitura de que se busca propiciar el conflicto social, el enfrentamiento del pueblo y la inseguridad en el campo y en la ciudad, para construir un proyecto totalitario.
Finalmente, expresaron que el nivel de responsabilidad de estos hechos sube de grado al ser protagonizados por funcionarios públicos e instan a la ciudadanía a estar atentos al proceso que se vive, con el objetivo de participar en el control del respeto y de la vigencia de la Constitución Nacional y de las instituciones públicas.
