Emanuele Ottolenghi, politólogo, investigador y miembro de la Fundación para la Defensa de las Democracias en Washington DC, capital de Estados Unidos, comentó sobre las sanciones financieras que se establecieron contra Horacio Cartes y Hugo Velázquez.
“Para llegar a sancionar, las autoridades estadounidenses piden llevar documentos, pruebas que puedan apoyar una defensa legal. El tema de las pruebas, que se pueden utilizar en procesos públicos y documentos de empresas, transacciones, facturas, declaraciones. Pero puede ser también material de inteligencia”, explicó el especialista estadounidense a radio Monumental 1080 AM.
Incluso, señaló que hay métodos y formas legales para que las evidencias puedan ser presentadas por un juez, en el caso de que los afectados decidan hacer uso de su derecho a la defensa.
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Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppManifestó que la acción sancionatoria “necesita una base evidenciaria muy fuerte” para que pueda llegar a un nivel judicial. No descartó que pueda tratarse de información de inteligencia.
Sin embargo, esto no implica que la persona que reciba la sanción de EEUU tenga que ser arrestada. Solamente se le impide utilizar el sistema financiero de ese país, incluida su moneda, agregó el politólogo.
Asimismo, apuntó que para iniciar una causa penal en EEUU, por ejemplo, se tuvo que haber realizado una de las operaciones ilícitas o sobornos a través de entidades bancarias estadounidenses.
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En caso de que el supuesto delito se haya cometido en Paraguay, no le compete iniciar ninguna investigación a EEUU, añadió. “Puesto que los delitos no tienen un vínculo político con la jurisdicción estadounidense”, enfatizó.
Ottolenghi resaltó que cuando se trata de una acusación de presunto vínculo con el terrorismo “hay que tomarlo en serio”.
Horacio Cartes, el ahora presidente del Partido Colorado, y el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por corrupción y vínculos con el Hezbollah.
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Esto implica que ambos ya no podrán hacer negocios con empresas estadounidenses ni tendrán acceso a bancos de ese país.
En este marco comentó que solamente existen dos maneras de acceder a las pruebas. La primera es a través de organismos del Estado paraguayo, que tiene acuerdo bilaterales con EEUU para intercambiar información ,y la otra es mediante una ley de verdad de la información, que va dirigida a las autoridades.
Indició que a través de esta legislación no se puede obtener todo, pero al menos se puede “descubrir más” sobre la acusación, para ejercer el derecho a la defensa.
