La comunidad está marcada por la lucha campesina, de hecho, el nombre le debe a un compañero muerto en una represión policial apoyada por latifundios. Las manifestaciones se hicieron más duras hasta que el Gobierno cedió en el reclamo de las tierras para la reforma agraria.
A partir de allí, inició otra etapa de tareas para convertir las tierras en una comunidad segura, saludable, con una producción agropecuaria rentable y donde todas las necesidades básicas sean cubiertas. Fue así que se empezaron a construir la escuela, los caminos de acceso y se instalaron los sistemas de energía eléctrica y de agua potable.
En simultáneo había que trabajar la tierra para producir alimentos de autoconsumo y de renta. De acuerdo con los datos que publicó el Centro de Estudios Heñói en el 2019, más del 70% de los pobladores y pobladoras se dedican a la producción agrícola, es más, el asentamiento concentra más del 10% del total de sésamo en el Departamento de Canindeyú, el 3,1% de la naranja agria y el 2, 6% de la mandioca.
Estas labores se realizan sin descuidar la reserva boscosa que se extiende en más del 40% de las 5.000 hectáreas. Esta decisión responde a la visión de la comunidad campesina de aprovechar las bondades de la naturaleza en la medida que esto no implique su destrucción.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppSi se tienen en cuenta los certificados de servicios ambientales que regula el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, el valor monetario de las áreas boscosas alcanzaría alrededor de G. 2.937 millones al año.
La mirada de género que tiene la Federación Nacional Campesina desde la creación del Frente de la Mujer en 1998, permitió además que los avances del asentamiento se den en un marco de igualdad, donde se reconozcan los liderazgos tanto de hombres como de mujeres.
Amenazas. Pero todo este camino de más de dos décadas no estuvo exento de conflictos. La fumigación de sojales cercanos a la comunidad llevó a nuevas movilizaciones, pues los químicos ponían en riesgo los cultivos frutales, hortalizas, semillas, así como la salud humana. Pero las protestas fueron respondidas con más represión de los organismos de seguridad, desde entonces los dirigentes realizan denuncias cada vez que los herbicidas y plaguicidas derivan en intoxicaciones, mientras que para atenuar los efectos plantaron árboles como barreras protectoras, cuando esta responsabilidad en realidad corresponde al propietario del monocultivo.
A esto se suma la disputa por las tierras que el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra había comprado por casi G. 7.000 millones. Cuando todo el proceso de regularización del asentamiento se convertía en una realidad, apareció un “nuevo propietario” que accionó con el respaldo del Poder Judicial y de la Fiscalía.
El demandante ni siquiera está interesado en las tierras, sino en el negocio que puede cerrar, pues su intención es apropiarse de ellas para volver a venderlas al Estado por G. 18.000 millones. Diosnel Mujica es quien promovió las medidas judiciales, sospechosamente está vinculado al ex ministro de la Corte Víctor Núñez. En estos oficios, también estuvo presente el cartismo con un intento fallido de expropiación que propuso el entonces diputado Purificación Morel, del Partido Colorado. Afortunadamente, el proyecto se estancó en el Senado.
Contrariamente a asegurar el crecimiento de la comunidad, las instituciones estatales operan para frenar la lucha de varias décadas de un campesinado que demostró que se puede vivir en un modelo comunitario y armónico con el ambiente.
