A través de vídeos y fotografías, un equipo periodístico evidenció que uno de los implicados era en realidad empleado de un comercio familiar en Ybycuí, otro era casero en una residencia de Rivas ubicada en Lambaré y otro estaba en su quinta en el Departamento de Paraguarí.
Nery Antonio Franco González
El hombre figuraba como funcionario de la Cámara de Diputados desde octubre del 2016, con un salario mensual de G. 3 millones. Sin embargo, trabajaba a tiempo completo de un comercio familiar en Ybycuí.
El viernes 27 de enero del 2017 se logró grabar a Nery Franco en el momento en que trabajaba en el local de la distribuidora Salto Cristal. Se lo pudo ver lavando los vehículos que estaban exhibidos para la venta en el local.
Además, el miércoles 15 de febrero del año pasado, se lo observó atendiendo a clientes en el comercio. De esta manera, se pudo corroborar que el hombre trabajaba allí a tiempo completo, en el horario en que se suponía debía estar en el Congreso.
Reinaldo Chaparro Penayo
Figuraba en la nómina de funcionarios de Diputados, donde ingresó como contratado en 2013. Cobraba un salario mensual de G. 2 millones, pero cumplía labores en una residencia de la familia del parlamentario en la ciudad de Lambaré.
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Un equipo periodístico logró captar en fotografías y videos, durante distintos días y horarios laborales, al funcionario de Diputados en la residencia familiar del legislador.
El 24 de enero del año pasado, Chaparro Penayo salió unos segundos de la residencia y saludó a los vecinos. También se lo observó, el 25 de enero y el 30 de enero de 2017, limpiando la vereda de la residencia de Rivas.
Lucio Romero Caballero
Es capataz de una estancia en el distrito de Mbuyapey, en Paraguarí, que –de acuerdo con los lugareños– pertenece al diputado Tomás Rivas. Cobraba mensualmente en la Cámara Baja un salario de G. 2 millones.
El 27 de enero del 2017, Romero Caballero contestó a una llamada telefónica en la que dijo que su ocupación en la estancia era la de “encargado”. Añadió que podría ser encontrado en el establecimiento o en su vivienda, ubicada en el distrito de Ybycuí.
Caballero ingresó como contratado en la Cámara Baja en el año 2013, de la mano del diputado Rivas. Según la planilla de funcionarios, tiene una carga horaria ocho horas, de 07.30 a 15.30. El cargo que supuestamente desempeñaba es el de auxiliar.
Hijastro de Rivas también fue ubicado en la Cámara Baja
Además de Franco, Chaparro y Romero, quienes son los que están bajo la lupa del Ministerio Público, el legislador también ubicó a su hijastro Jefferson Giménez Benítez en la Cámara de Diputados, en agosto del año 2016, con un salario mensual de G. 3 millones.
Giménez es hijo de la pareja de Rivas, la intendenta de Ybycuí y presidenta de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), María del Carmen Benítez.
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En enero del 2017, Última Hora logró captar imágenes de Giménez en la residencia familiar en la ciudad de Lambaré, en pleno horario laboral.
En la denuncia se expusieron los antecedentes de la investigación periodística con respecto a los tres caseros que figuraban como funcionarios de la Cámara de Diputados.
Diputado niega que hombres sean sus caseros
Cuando Tomás Rivas fue consultado sobre el tema, respondió que se trataba de una persecución en su contra y se negó a identificar a los funcionarios que dependen directamente de él.
Posteriormente, tras varios días de publicaciones, el parlamentario aseguró que los tres hombres no eran sus caseros, sino chófer y secretario privado respectivamente, cupos con los que cada diputado cuenta.
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En marzo del 2017, Rivas había acudido a la Fiscalía y presentó a sus caseros como sus funcionarios más cercanos. El legislador acudió ante el fiscal Luis Piñanez y le presentó legajos, planillas de asistencia y otros papeles sobre Franco, Chaparro y Romero.
Desde Diputados confirmaron que ninguno de los tres macaba su asistencia a través de un reloj biométrico, sino que firmaban planillas.
Imputados por el Ministerio Público
Este domingo, luego de más de un año de las publicaciones, el diputado Rivas y sus tres caseros fueron imputados por los delitos de cobro indebido de honorarios, estafa, expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso y uso de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso. Solamente el delito de estafa tiene un marco penal de hasta cinco años de cárcel.
El fiscal anticorrupción Luis Piñánez constató que las tres personas en ningún momento estuvieron en sus puestos laborales en la Cámara de Diputados, ni siquiera en la zona del Parlamento, durante los días en que el diputado Rivas participó en sesiones ordinarias y extraordinarias en el recinto parlamentario, entre julio de 2016 y marzo de 2017.
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Durante todos esos meses, Franco, Chaparro y Romero firmaron planillas de registro de entrada y salida de la Cámara. Todas estas planillas fueron certificadas con la firma del diputado Rivas para justificar el cobro de sus salarios.
El fiscal Piñánez solicitó al juez Penal de Garantías Rubén Riquelme que se dé comunicación a la Cámara de Diputados, a fin de que resuelva si corresponde o no el desafuero del legislador.
Pedido de medidas alternativas para supuestos planilleros
El representante del Ministerio Público además solicitó al juez del caso medidas alternativas a la prisión para los caseros, como la prohibición de salida del país, una fianza real o personal por valor de G. 26 millones cada uno, la prohibición de cambiar de domicilio sin autorización del magistrado y la comparecencia mensual en el Juzgado.
Familiares de Rivas en cargos públicos
El diputado cuenta con al menos 10 familiares directos en la función pública y tiene otros parientes políticos con cargos públicos.
Tomás Rivas ocupará nuevamente una banca en la Cámara de Diputados, luego de confirmarse una amplia victoria del Partido Colorado para la diputación en Paraguarí. La Asociación Nacional Republicana (ANR) obtuvo un total de 50.232 votos y la Alianza Ganar, 29.828.
