El presidente de la República ha dado su acuerdo para que Gustavo Santander Dans ocupe el cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia, en reemplazo del muy cuestionado Antonio Fretes. Ahora al magistrado ya solo le falta jurar ante el Congreso Nacional.
Este nombramiento se suma al del nuevo fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, quien está al frente de una institución de la cual la ciudadanía espera grandes cambios, que hagan posible terminar con la permisividad con la corruptela.
El año pasado, este diario publicó una investigación que reveló una realidad que era vox pópuli: la alevosa falta de independencia del Poder Judicial. El trabajo periodístico de ÚH develó que, del total de 12.448 trabajadores del Poder Judicial, incluidos funcionarios y magistrados, 8.568 son colorados, lo cual representa casi un 70% de todo el funcionariado judicial.
Incluso se agregaban más datos: y es que de 942 magistrados (754 jueces y 188 camaristas), un total de 369 están afiliados a la Asociación Nacional Republicana (ANR). Esto quiere decir que el 39% de los magistrados paraguayos son colorados.
ÚH publicó también que, de los funcionarios judiciales afiliados a la ANR, 4.546 votaron en las elecciones internas del Partido Colorado el 20 de junio de 2021, con miras a las elecciones municipales de ese año. Esto viola el Código de Organización Judicial que prohíbe a los magistrados y funcionarios de la Administración de Justicia, cualquiera sea su jerarquía: Ejercer otra función pública, profesión, comercio o industria, directa o indirectamente, salvo la docencia, cuyo ejercicio será reglado por la Corte Suprema de Justicia, ni participar en actividades políticas.
Ante estas publicaciones, la Oficina de Ética del Poder Judicial tomó la decisión de indagar caso por caso y luego elevar los resultados al Tribunal de Ética, el cual a su vez debía decidir si abría o no una investigación.
En cuanto a la Fiscalía General, pese a que la Constitución Nacional le asigna el rol de representar a la sociedad y velar por el respeto de los derechos y de las garantías constitucionales; promover acción penal pública para defender el patrimonio público y social, el medioambiente y otros intereses difusos, así como los derechos de los pueblos indígenas, entre otros deberes, también en este como en otros graves casos de denuncia ha guardado un escandaloso silencio.
El país necesita avanzar en las reformas. La ciudadanía tiene grandes expectativas respecto a los cambios que se puedan lograr en el ámbito de la Justicia y la Fiscalía, pues está harta de los expedientes cajoneados y las chicanas que solamente proveen total impunidad a los amigos con poder político o económico. La gente entiende perfectamente que nuestra Justicia no utiliza la misma vara para el ciudadano común como para unos pocos privilegiados. Como dijo alguna vez monseñor Arnulfo Romero, el obispo salvadoreño: “La justicia es como la serpiente, solo muerde a los que están descalzos”.
Este es pues el desafío determinante que debe enfrentar el país. Reconstruir dos instituciones fundamentales para la República: el Poder Judicial y la Fiscalía, y que los terribles casos de corrupción pública sean eficientemente investigados y los culpables paguen por sus delitos.
Es ya inadmisible que de manera alevosa los funcionarios que trabajan en estas instituciones se muestren amigos de los poderes políticos y económicos. El país necesita con urgencia contar con funcionarios que muestren compromiso con el trabajo y sean leales a la ciudadanía. Para que esto sea posible, nuestra Justicia debe dejar de favorecer los intereses de un partido político.
