Tras muchas idas y vueltas en la investigación, los agentes fiscales René Fernández, Josefina Aghemo y Luis Said imputaron ayer por declaración falsa en sus declaraciones juradas a la intendenta municipal de Ciudad del Este, Sandra McLeod –suspendida del cargo a raíz de una intervención– y a su marido, el senador colorado Javier Zacarías Irún, y además por lesión de confianza a McLeod, así como a diversas personas del entorno de la jefa comunal, Alberto Rodríguez Florentín, Carlos Darío Bottino, David Christian Espínola Osorio, Juan D. Sanabria, Dora Elsi, Gustavo Adolfo Rojas Espínola, Lucía Rojas Espínola y Olga Beatriz Rojas Espínola; la mayoría en calidad de cómplices.
La acción de la Fiscalía cierra de este modo una etapa dentro del largo proceso de denuncias, acusaciones y movilizaciones cívicas que se han venido realizando contra el llamado clan Zacarías Irún, un grupo político familiar que viene manejando el poder desde hace casi 18 años, tras heredar un sistema político feudal regional que se ha instalado en la zona de la Triple Frontera desde la época de la dictadura stronista.
A pesar de reiteradas publicaciones, denuncias y acciones cívicas con respecto a las presuntas irregularidades y hechos ilícitos en que habrían incurrido los miembros del clan Zacarías Irún, principalmente en las sucesivas administraciones de la Municipalidad de Ciudad del Este, la cual manejan desde hace casi 18 años, hasta ahora habían logrado evitar todo tipo de intervención judicial o administrativa, valiéndose de los vínculos en instituciones como el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía, pero sobre todo contando con la alianza y la protección de altos sectores de poder gubernamental, incluyendo al anterior presidente Horacio Cartes, a cuyo movimiento político pertenecen.
La imputación presentada por la Fiscalía representa también la victoria de un amplio sector de la ciudadanía esteña, que desde hace años clama por mejores condiciones democráticas.
Las masivas movilizaciones realizadas en los últimos meses, que en algunos casos han llegado a cerrar totalmente la avenida principal de la ciudad, en las inmediaciones del Puente de la Amistad que une al Paraguay con el Brasil, han encontrado un eco favorable.
La intervención del Municipio decidida por el Congreso e implementada por el Poder Ejecutivo, la posibilidad de que ingrese la Contraloría a auditar las cuentas luego de varios años de bloqueo judicial, se suman al proceso que también seguirá en la Justicia.Ahora se requiere que los organismos a cargo de las investigaciones en curso cumplan rigurosamente con todo el proceso jurídico y administrativo para sanear debidamente el gobierno comunal y que una de las ciudades más importantes del país pueda avanzar en su marcha hacia mejores días.