18 nov. 2024

Atraso en obtener vacunas es falla de gestión gubernamental

Mientras al otro lado de nuestras fronteras, en ciudades argentinas como Posadas o Puerto Iguazú, ya se están aplicando las vacunas contra el Covid-19, el Paraguay aún está en la incertidumbre acerca de cuándo dispondrá de los primeros lotes para inmunizar a la población. Ubicarnos en la cola de los países que van a recibir las dosis habla de otra deficiencia en la gestión internacional del Gobierno ante la pandemia, al no haber tomado precauciones y decisiones más efectivas. El atraso no solamente afecta negativamente a la salud pública, sino además pone en riesgo la reactivación económica, tal como lo sostiene un pronunciamiento de la Feprinco. El Senado tratará hoy un proyecto de ley para acelerar la compra de vacunas. Aunque es una acción que se tendría que haber adoptado mucho antes, esperemos que los legisladores ayuden a acelerar el proceso.

Antes de que termine el 2020, en algunas ciudades de la Argentina ubicadas en las fronteras con el Paraguay, como Posadas (vecina a Encarnación) o Puerto Iguazú (vecina a Ciudad del Este y Presidente Franco), iniciaron oficialmente la campaña de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, como una respuesta a la pandemia de Covid-19, en primera instancia al personal de salud, para luego extenderlo al resto de la población.

La primera vacuna que obtuvo el Gobierno argentino para su utilización efectiva es la Sputnik V, producida por el Centro Nacional Gamaleya de Epidemiología y Microbiología, con sede en Moscú. Conocida como “la vacuna rusa”, aunque cuenta con reparos de algunos sectores científicos por falta de información detallada sobre la fase 3, se asegura que tiene una eficacia de 91,4% y fue autorizada en carácter de emergencia. Las primeras 300.000 dosis llegaron al vecino país en vísperas de Navidad, el 24 de diciembre. Argentina se convirtió en el cuarto país del continente americano en vacunar a su población contra el Covid-19, detrás de México, Chile y Costa Rica. Al mismo tiempo, la Anmat, organismo científico especializado de Argentina, aprobó la vacuna producida por la Universidad de Oxford y la empresa AstraZeneca, de la que también podrá disponer muy pronto.

La proximidad del operativo ha hecho inevitable la comparación con la deficiente gestión realizada por el Gobierno paraguayo para contar más tempranamente con alguna vacuna contra el Covid-19. En principio, asumiendo la falta de recursos y la escasa participación en ámbitos de la investigación médica y científica, las autoridades paraguayas se han limitado a inscribirse en el Fondo de Acceso Global para Vacunas, conocido como sistema Covax, propiciado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que busca garantizar que las vacunas lleguen a los países más pobres, aunque es un hecho que eso ocurrirá luego de que los más adelantados las tengan.

De esta manera, mientras en la Argentina ya están vacunando, el Paraguay ni siquiera puede afirmar con precisión cuándo lo hará, limitándose el Ministerio de Salud a señalar que las primeras vacunas llegarían al país “entre mayo y junio”.

No haber emprendido a tiempo acciones para contar con vías alternativas de provisión de vacunas es claramente una deficiencia de gestión gubernamental, tal como lo remarca un pronunciamiento de la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco). A diferencia de los países vecinos que tienen procesos más avanzados, “en nuestro país todavía tendremos que lidiar con la incertidumbre y con el daño económico que provocan las restricciones para evitar el contagio”, destaca el gremio empresarial.

El atraso en contar con las vacunas, en momentos en que crecen los casos de contagios y el sistema sanitario está saturado, no solamente afecta negativamente a la salud pública, sino además pone en riesgo la reactivación económica. El Senado tratará hoy un proyecto de ley para acelerar la compra de vacunas. Aunque es una acción que se tendría que haber adoptado mucho antes, esperemos que los legisladores ayuden a acelerar el proceso.

Más contenido de esta sección
Un proyecto que buscaba modificar el Código Penal para evitar que los casos de corrupción prescriban en la Justicia fue rechazado por los diputados y enviado al archivo. Se buscaba endurecer las penas, ampliar el universo de tipos penales, extender plazos para la prescripción y endurecer criterios de medición de la pena para delitos de corrupción pública y privada, con énfasis en la corrupción cometida por funcionarios públicos. El rechazo de esta propuesta parece una verdadera declaración de intenciones.
Mientras el ex diputado colorado Juan Carlos Ozorio opera para obtener una medida sustitutiva a la prisión, la Cooperativa San Cristóbal, de la que fue presidente, siente las devastadoras consecuencias de haber sido una entidad a través de la cual, presuntamente, se puso en circulación el dinero proveniente del tráfico ilegal de drogas. Perdió la confianza y a miles de socios. Es un ejemplo de lo que les sucede a las instituciones cuando falta fiscalización. Si no mejoran los controles, este caso se volverá a repetir, con los mismos funestos resultados.
El hecho de que la mayoría oficialista del senado haya retrocedido en la barbaridad cometida cuando devolvió fueros a senadores previamente desaforados que están siendo investigados por la Fiscalía, puede verse como que enmendaron un error. Sin embargo, una acción que significó el atropello a la Constitución Nacional no debe quedar impune. Los 23 senadores que votaron por devolverle los fueros a Erico Galeano, Hernán Rivas y Rafael Filizzola, deben ser investigados, pues en un estado de derecho nadie está por encima de la ley.
Hace unos días, fue intervenida una estancia en Fuerte Olimpo, Alto Paraguay, y en el lugar fueron detenidas diez personas de cuyo poder incautaron fusiles AR47 y una avioneta Cessna, además descubrieron una pista clandestina que habría pertenecido a la estructura liderada por el supuesto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y al presunto líder de tráfico de drogas, Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico. Resulta insostenible la falta de control del espacio aéreo nacional, ante la impasividad o complicidad de las autoridades.
Aproximadamente, unos 1.300.000 niños y adolescentes paraguayos retornaron a clases en los establecimientos educativos públicos hace unos días, y el escenario que hallaron muchos de ellos ha sido el de una infraestructura deficiente y precariedades. A pesar de que la Constitución Nacional consagra el derecho a la educación, frente a la realidad a la que asistimos, parecen apenas palabras vacías de significado debido a la ceguera de nuestros líderes políticos para anteponer los intereses de la mayoría y apostar por el presente y el futuro del país.
El acceso de los niños a alimentos adecuados y saludables es esencial para garantizar su bienestar físico, intelectual y social. Los programas de alimentación escolar han formado parte de la política educativa desde hace más de un siglo y permanecen en la actualidad, independientemente del nivel de desarrollo de los países y de los ingresos de los hogares. Pero en todos los países el programa se ha planteado de manera integral y tiene alto consenso social. Paraguay no puede ser una excepción. Los cambios planteados solo generaron conflictividad, a la vez de que no garantizarán mejoras sustanciales.