La Fiscalía General del Estado ordenó una exhaustiva auditoría en la Fiscalía Zonal de Saltos del Guairá, ubicada en el Departamento de Canindeyú, luego de que se dieran a conocer denuncias sobre la presunta venta ilegal de evidencias almacenadas en su depósito.
La medida busca esclarecer posibles irregularidades en la custodia de pruebas fundamentales para procesos judiciales en curso.
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El fiscal general del Estado, doctor Emiliano Rolón Fernández, dispuso que la auditoría se realice entre el 24 y el 28 de febrero de 2025, con el fin de verificar el cumplimiento de los protocolos de manejo de evidencias.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppLa iniciativa responde a un pedido formulado por el fiscal adjunto del Área XIII, Canindeyú, Diego Arzamendia, quien solicitó la intervención tras la aparición de indicios de que bienes incautados habrían sido comercializados de manera irregular.
Investigación interna para esclarecer los hechos
El proceso de auditoría abarcará tanto el Depósito de Evidencias como las Unidades Penales Ordinarias y Especializadas de la Fiscalía, con el objetivo de evaluar la transparencia en la recepción, almacenamiento y custodia de las pruebas.
Para ello, se utilizará una planilla elaborada y aprobada por la Dirección de Auditoría de Gestión Fiscal, a cargo del director Rubén Riquelme.
Dicha herramienta permitirá realizar un control riguroso del inventario de evidencias y medir la calidad de la gestión en cuanto al cumplimiento de las normas vigentes. El cotejo de documentos e inspección del depósito serán claves para determinar si hubo mal manejo de los bienes bajo custodia judicial.
El fiscal general comisionó a un equipo de expertos para llevar a cabo la auditoría. La coordinación de los trabajos estará a cargo de Daniel Leguizamón, acompañado por los funcionarios Ángel Galeano, José Alfonso y Cristhian Hermosilla. Asimismo, los empleados del Depósito de Evidencias y de las Unidades Penales deberán colaborar activamente con el proceso, conforme a lo establecido en la Resolución 505.
Preocupación por la vulnerabilidad del sistema judicial
El escándalo ha generado una fuerte repercusión en el ámbito judicial y en la comunidad, pues la presunta venta de evidencias pone en entredicho la confiabilidad del sistema de justicia en Canindeyú.
La cadena de custodia es un elemento fundamental en cualquier proceso penal, y su alteración podría derivar en la impunidad de delitos o en la anulación de pruebas clave en investigaciones judiciales.
La Fiscalía General del Estado aseguró que, de confirmarse las irregularidades, se adoptarán sanciones contra los responsables y se impulsarán acciones para reforzar los controles en los depósitos de evidencias en todo el país.
