De acuerdo al documento, una parte importante de estas pérdidas se atribuyen a conexiones ilegales relacionadas con el robo de electricidad, incluyendo un aumento en los últimos años de conexiones clandestinas para la minería ilegal de criptomonedas, actividad que demanda una gran cantidad de energía.
Con relación a este punto, se recuerda que la Carta Orgánica de la ANDE requiere que la entidad genere ingresos netos entre el 8% y el 10% de su inversión inmovilizada total, requerimiento este que no se ha alcanzado debido en parte a las pérdidas mencionadas.
“En caso de no reducirse estas pérdidas y no lograrse la meta de rentabilidad, se estaría generando la necesidad de reajustarse la tarifa, según lo establece el Art. 89 de la Carta Orgánica de la ANDE”, refiere la auditoría.
Balance Financiero. De acuerdo al balance financiero, la ANDE en el 2023 tuvo ingresos operativos por G. 5.969.854.127.607, mientras que los egresos operativos fueron de G. 5.986.969.570.794, dando así un resultado operativo de - G.17.115.443.187. Cabe mencionar que, de acuerdo al balance del 2022, la perdida se redujo en comparación a ese año, donde se registró una pérdida operativa de G. 251.115.596.090.
El Estado de variación del patrimonio neto al 31 de diciembre de 2023 señala que la ANDE tiene de capital G. 910.000.000.000, en reservas de capital G. 16.321.128.833, en concepto revalúo G. 5.618.520.257.561, aportes no reembolsables se tiene G. 2.296.366.175.301, lo que da como resultado acumulado la suma de G. 8.571.815.289.156.
Combate a las pérdidas eléctricas. En noviembre pasado la estatal lanzó su Plan Maestro de Gestión y Control para Reducción de Pérdida Eléctricas en Distribución.
Al respecto, el presidente de la ANDE, Félix Sosa, mencionó que en el 2024 se realizó operaciones conjuntas con el Ministerio Público y la Policía Nacional, interviniendo 34 granjas de criptominería, desconectando un total de 89 MW, equivalente al 40% de la generación de la Central Acaray.
“Actualmente, hay 85 causas penales abiertas por sustracción de energía eléctrica, lo que ha llevado a la incautación de más de 12.000 máquinas procesadoras y 58 transformadores, además de dos condenas y 16 personas imputadas. También este año se modificó el Código Penal, específicamente el artículo 173, pasando la expectativa de pena privativa de libertad de 3 a 10 años para las actividades irregulares de criptomonería e instalaciones de media tensión, además de la incautación total de todos los equipos utilizados para el efecto. Por otra parte, se ha mejorado la recaudación, alcanzando un promedio mensual de USD 80.000.000, lo que representa un 23% más en comparación con el periodo de 2023”, explicó.
Sosa indicó que todas estas acciones han tenido un efecto positivo en la reducción de la morosidad de la institución, disminuyendo del 29% al 22%.
El titular de la ANDE descartó que se pretenda ajustar la tarifa, a pesar de que considera que la tarifa actual es política y no técnica, excepto la tarifa para el grupo de consumo intensivo especial, es decir, para la criptominería.
En el apartado de salvedades de la auditoría externa de la ANDE se menciona la deuda histórica que la empresa estatal mantiene con el Banco Nación de Argentina, que representaba al cierre del 2023 una diferencia no conciliada de G. 1.810.793.321.810, equivalentes a USD 248.611.723. Esta diferencia deriva del contrato de préstamo por USD 10.000.000 que el BNA concedió a la ANDE en el año 1978 para la capitalización de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), donde se estableció que la amortización del préstamo se realizaría exclusivamente con el producto de los rendimientos sobre el capital integrado que la EBY debe pagar a la ANDE, lo que no se viene cumpliendo, debido a que hasta la fecha la binacional no ha realizado pagos a la estatal en este concepto. Ante esta situación, la auditoría indica que se debe seguir impulsando gestiones que correspondan ante autoridades competentes, para resolver de forma definitiva la situación de la Nota Reversal del 9 de enero de 1992, por la que se modificaron diversas condiciones del Tratado, entre ellas los plazos de pago de rendimiento sobre el capital integrado, lo que ha ocasionado el no pago de las cuotas de amortización.
