Se realiza el procedimiento en base a la Resolución N° 4687/2022 y en el marco de su competencia, como órgano de control interno del Poder Ejecutivo.
Auditoría del Ejecutivo informó que funcionarios de la institución fueron designados para realizar una evaluación al desempeño a los trabajos realizados por la auditoría interna institucional de la Secretaría de Estado.
Fueron designados los auditores, Lourdes Maschio, en carácter de supervisora. Además de Aníbal Acevedo, quien es el jefe de Equipo y Margarita Quintana (auditora).
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppEn el 2017 se había aprobado mediante decreto presidencial Nº 7271, el sistema integrado de la auditoría General para ser implementado en los organismos y las entidades dependientes del Poder Ejecutivo.
El sistema de control de la Administración Financiera del Estado es externo e interno y está a cargo de la Contraloría General de la República, de la Auditoría General del Poder Ejecutivo y de las Auditorías Internas Institucionales.
“Realizará auditorías de los organismos y entidades dependientes de dicho poder del Estado y tendrá también a su cargo reglamentar y supervisar el funcionamiento de las auditorías internas institucionales”, dice la normativa.
El sistema integrado se constituye en un sistema, basado en una herramienta informática, que permitirá gestionar en forma de procesos automatizados todo el ciclo auditor que fortalecerá la capacidad de la Auditoría General.
Realizan tareas de sistematización de los procesos de verificación a los trabajos de planificación, ejecución y seguimiento de las auditorías internas institucionales supervisadas.
La Auditoría del Ejecutivo tiene a su cargo verificar la aplicación por parte de los auditores internos institucionales de las normas, métodos, procedimientos de auditoría y del manual de auditoría unificado, a ser elaborado.
El Sistema integrado es una herramienta del gobierno electrónico, usado como un instrumento fundamental para la mejora de la eficiencia, la eficacia, la transparencia en la gestión pública. Sirve para la promoción de la participación ciudadana que favorecerá la prestación de servicios públicos y la inclusión digital y, por tanto, el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y la competitividad.