La Dirección General de Auditoría de Gestión del Poder Judicial recomendó remitir los antecedentes al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados sobre la actuación de la jueza Lici Teresita Sánchez, quien ordenó la captura de la joven que denunció a Cristian Kriskovich por supuesto acoso sexual.
Igualmente, sugirió que los antecedentes de la actuaria judicial Yanina Vallejos sean remitidos a la Superintendencia General de la Justicia.
Según el documento, en la verificación de consultas no se observa que la resolución haya sido notificada a los abogados defensores, en este caso Rodrigo Cuevas y Graciela Moreno.
La magistrada ordenó la captura de la ex estudiante de la Universidad Católica de Asunción por no presentarse a la audiencia preliminar en el marco de la causa sobre supuesta producción de documentos no auténticos y alteración de datos relevantes para la prueba, en el caso de la presunta compraventa de notas de la alta casa de estudios.
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Tras la orden de detención, la joven mencionó que se quedó sin defensa, luego de que la jueza le retirara la personería del caso al abogado Martín Barba.
Recientemente, el Ministerio de la Mujer solicitó a la Corte un informe sobre el estado actual de la acción de inconstitucionalidad de la joven sobre la resolución en su contra. La misma está viviendo en Uruguay luego de obtener el estatus de refugiada.
Ella había denunciado a Kriskovich por supuesto acoso sexual, pero la causa fue desestimada en el 2015. La misma refirió que la causa de compranotas es un claro ejemplo de “represalia” por haber denunciado al hombre.
Sobre la desestimación, la defensa de la estudiante acusó a Kriskovich de ser “juez y parte”, ya que Cristian Kriskovich es miembro del Consejo de la Magistratura y del JEM, órgano que puede estudiar el caso de Lici Sánchez.
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Devolución de favores
El abogado Barba explicó que el informe es una respuesta a un pedido que la defensa realizó ante las supuestas irregularidades denunciadas. “Es la Corte la que tiene la obligación de enviar este caso al JEM, donde se encuentra el cáncer: Cristian Kriskovich, que se estudia a él mismo”, criticó.
Para Barba, la orden de captura que se ordenó contra la joven es una devolución de favores. “Sánchez fue designada como interina del cargo, pero llamativamente 10 días después de pedir la detención de la joven fue colocada en la terna. Ella le pagó a Kriskovich el favor y fue confirmada en el cargo”, refirió.
El letrado mencionó que un juez puede dictar una rebeldía cuando una persona no se presenta a una audiencia para que sea buscada por la fuerza pública al solo efecto de que comparezca a esa audiencia, pero en ningún caso puede dictar una rebeldía para que una causa no se extinga, argumento utilizado por la jueza.
También indicó que la jueza sostuvo en todo momento que se notificó a la joven sobre la audiencia, sin embargo se demostró que ella nunca fue avisada.
“La jueza debe ser removida de forma inmediata por las graves irregularidades que se encontraron en su actuación. La jueza le desterró a mi defendida”, señaló.
Otro caso que preocupa, según Barba, es que Adrián Salas, quien también integra el JEM y el Consejo de la Magistratura, es igualmente testigo de Kriskovich en la demanda por daños morales del hombre, donde solicita una indemnización de USD 450.000 a la joven.
