Fue el dictamen de la Comisión de Legislación del Senado que recibió asesoramiento del abogado José Casañas Levi. El profesional sostiene que es necesario dejar de pretender aumentar el marco penal y apuntar, mejor, a la eficiencia del Ministerio Público, que es el que falla al no lograr condenas para los casos de corrupción, y también al Poder Judicial, que tiene un sistema corrupto.
“El debate debe ser apuntando a la eficiencia y sobre números, alguna vez tenemos que trabajar con estadísticas”, recalcó.
Casañas Levi se refirió a que en más de una vez se propusieron aumentar las penas, pero los hechos punibles siguen subiendo, como es el caso, citó, del abuso sexual en niños y los feminicidios, que registraron mayor número de víctimas. Y por otro lado, específicamente con este proyecto, el porcentaje de personas recluidas hoy en Paraguay por estafa es de 2,6%.
En cuanto a la reforma penal, indicó que ya hubo tres comisiones, la primera presidida por Eduardo Petta; la segunda, por Enrique Bacchetta y la actual, liderada por Rocío Vallejo, y no tiene sentido de ser si se siguen aprobando leyes modificando artículos independientes.
Desarmonización. Casañas Levi mencionó que aumentar a 15 años la condena para la lesión de confianza y la estafa (daño patrimonial al Estado) iba a implicar cambiar todo el sistema porque los demás delitos que están en ese capítulo son hechos punibles que no superan 8 años.
“Convertir en crímenes la lesión de confianza y la estafa iba a descompaginar todo el capítulo de hechos punibles contra el patrimonio porque esos delitos no pueden ser equiparados al robo, porque en el robo está en peligro la vida, la integridad física, es una conducta violenta. Entonces, esa modificación de pena de subir a 15 años era un riesgo para el sistema, incluso por el nivel de corrupción que hay en el sistema judicial, convertir eso en crimen iba a generar la exposición de la posibilidad de que se utilice como una medida de presión con la prisión preventiva. Como cualquier persecución, el sistema de corrupción no es solamente político. Se abre la posibilidad de prisión preventiva a diestra y siniestra que es peligroso porque es fuente de corrupción”, refirió.
El abogado señaló que los jueces cuando tienen un marco penal como ese, aplican prisión preventiva porque consideran un crimen, pese a que luego de la última modificación, ya tienen la opción de evitar la prisión para no llenar las cárceles de reclusos sin condena. “Es cierto que se cambió el Código Procesal, pero la práctica procesal sigue siendo la misma”, afirmó.
Desfasado. El profesional indicó que pensar que con aplicar más años de condena se va a reducir el delito, es un error. “Hay un concepto perimido realmente, que es el que yo creo que tiene la media sanción, respetuosamente, el de creer que aumentar las penas va a disminuir el delito. Eso es un error. Además, otro elemento que yo creo que es importante es que si uno plantea el aumento de una pena tiene que hacerlo con un fundamento estadístico. La pregunta es si bajó el índice de criminalidad en esos casos, no, no bajó, entonces el aumento de pena no es una solución y menos con nuestro sistema de corrupción”, aseveró.
La proyectista Rocío Vallejo argumentó entre otras cosas que aumentar la pena reducirá la chicana que lleva a la prescripción de los hechos. Para Casañas Levi, son dos cosas diferentes. “Yo puedo poner condena perpetua también en los casos de corrupción, la pregunta es, voy a lograr condena, y lo que hay que preguntarle a la Fiscalía es cuántas condenas lograron en casos de corrupción, y por qué no lograron, ¿porque la pena era baja?”, cuestionó.
El proyecto. El proyecto de ley modifica los artículos 187 y 192 del Código Penal, para que la lesión de confianza y la estafa en los casos especialmente graves alcancen hasta 15 años de pena carcelaria, según se aprobó en Diputados.
Actualmente, el máximo para lesión de confianza es de 10 y para estafa es de 8, y en el Senado se aprobó mantener tal cual como está, es decir, no aumentar como se propone en Diputados.
El pasado jueves se desencadenó una polémica porque, por un error, en lugar de mantener en 10 años la lesión de confianza, se bajó a 8. Esto se deberá corregir en la próxima sesión. Vallejo igualmente está en contra del proyecto del Senado y considera que es un daño para la lucha contra la corrupción.
15
años es el máximo que quiere aumentar Diputados a la condena por lesión de confianza y estafa.
10
años es la máxima pena que da el Código Penal a la lesión de confianza y que el Senado quiere mantener.
Esto desvirtúa el aumento de pena a la corrupción, incluso ponen condiciones en que se debe investigar a la víctima.
Rocío Vallejo,
diputada del PPQ.
Debemos trabajar en la eficiencia del Ministerio Público y la corrupción del sistema judicial, no aumentar penas.
José Casañas Levi,
abogado.