Santiago Peña espera el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación para el 2025 que incluye un aumento salarial para los 125 parlamentarios. El presidente prevé su promulgación esta semana. La llegada del documento hasta presidencia se demoró por cuestiones administrativas, pese a que ya fue sancionado el pasado 3 de diciembre.
El autoaumento que se asignaron los legisladores es de más de G. 6 millones, con lo que su remuneración mensual supera los G. 38 millones. Se trata de una concesión que hace el Ejecutivo a los legisladores, que desde el inicio presionaban por un aumento en todas sus formas, como cupos de combustible o seguro médico privado, bajo el argumento de que sus gastos por su investidura son muy elevados y el salario no les alcanza, sobre todo a los que deben viajar desde el interior del país y además pagar un alquiler en Asunción.
Es el costo político para mantener la paz en la relación entre Gobierno y Congreso, además de asegurar el trabajo territorial para las elecciones municipales del 2026, ya que tanto diputados como senadores son los actores con más cercanía con la ciudadanía o sus bases partidarias. El Estado, por tanto, de esta manera financiará sus recorridos en cada punto del país.
La iniciativa no es de Peña y en un principio dio señales de no estar de acuerdo, ya que eleva, aunque escasamente, el gasto público, pero sobre todo porque genera malestar en la opinión pública por la sensación de desigualdad y de privilegio para el sector político.
No obstante, el presidente promulgará el aumento, porque es de solo G. 15.000 millones. Aunque sí rechazará otros aumentos eventuales en diferentes instituciones.
“Porque el presupuesto es de USD 17.000 millones. Hoy se está hablando de que se quiere un aumento de USD 20 millones para el Poder Judicial. Hay G. 100.000 millones y todos son reclamos justos. Pero empezamos a juntar todo eso y estamos hablando de incrementos que podrían llegar a USD 500 millones”, lanzó.
El mandatario dijo que el incremento de dieta no estaba en su proyecto inicial de presupuesto, pero que la herramienta que tiene el Ejecutivo es la disuasión, demostrar con estadística qué está haciendo “y tratar de trabajar juntos para que los reconocimientos salariales de todos los poderes del Estado puedan ir cumpliéndose sin poner en riesgo la estabilidad macroeconómica, y los objetivos, como la mejora de la educación, la salud y la seguridad”.
Peña incluso mencionó que todavía va a necesitar del apoyo del Congreso en los próximos años, por lo que no va a confrontar.
Aseguró tener gratitud hacia el Congreso de la Nación, porque ha aprobado cerca de 50 leyes a lo largo de estos 15 meses de su gobierno. “Nosotros no podemos decirles que solamente nuestra visión es la válida, y la de ellos no. Tenemos que tratar de lograr un equilibrio”, insistió.
Como símbolo político de apoyo a Peña, también Basilio Núñez se posicionó en contra del aumento y se abstuvo de votar. Los legisladores hicieron un negocio redondo para aumentar sus salarios, fusionando la propuesta inicial de un seguro médico vip con cupos de combustible.
Supuestamente, el senador liberocartista Dionisio Amarilla fue el que propuso repartir en los rubros de dieta y gastos de representación para los aumentos que venían de la Bicameral (seguro médico vip de G. 1.100.000) y de Diputados (cupos de combustible de G. 5.000.000).
Los legisladores este año ya lograron otros privilegios con el visto bueno del Ejecutivo.
En octubre pasado, el mandatario promulgó la reprogramación presupuestaria para inyectar G. 3.500 millones a la deficitaria Caja de Jubilaciones de los parlamentarios y así mantener la denominada jubilación vip, que con el viejo salario era de G. 23.335.678 para legisladores con tres periodos y G. 17.501.765 con dos periodos.
