Ayer mismo se produjeron incidentes en las afueras del Congreso Nacional con personas con discapacidad porque nuevamente el Senado postergó el estudio del proyecto que les otorga el derecho a la pensión.
No hay presupuesto para personas con discapacidad, pero sí para aumentos salariales de legisladores.
Los diputados y senadores ya tienen innumerables privilegios desde sus propios salarios hasta una jubilación temprana. Con el aumentazo, los senadores pasarían a percibir más de G. 37.774.000 y en muchos casos ni siquiera van a sus oficinas, apenas asisten a las sesiones convocadas.
Aunque es entendible un salario interesante y justo para las personas con cargos electivos encargadas de trabajar por políticas públicas en beneficio de toda la población, la brecha con relación al ciudadano promedio es gigantesca.
De acuerdo con la Encuesta Permanente de Hogares Continua del tercer trimestre de este año, el paraguayo promedio percibe G. 2.928.900 mensual. Los trabajadores independientes y domésticos no alcanzan si siquiera el mínimo legal que se reajustó a G. 2.798.309 a mitad de año.
Actualmente, los parlamentarios ganan casi 12 veces más que el salario mínimo vigente y en sesiones reservadas maniobran para aumentarse otros G. 5 millones en el 2025.
Estos aumentos indignan, sobre todo por la falta de méritos para merecerlos. Nepotismo, corrupción, impunidad y aprobaciones en tiempo récord de leyes que no fueron discutidas en la sociedad son las principales características de un Congreso inundado por el Partido Colorado.
Con una mayoría absoluta, el cartismo impone su agenda sin importar los medios para cumplir con el mandato de su líder Horacio Cartes y a cambio ven el camino libre para obrar por intereses particulares a costa del dinero público.
Las arcas del Estado ya no soportan tantos gastos, mientras la deuda pública sigue subiendo cada año, llegando a los USD 17.788 millones en setiembre. Para evitar discusiones y preguntas sobre los aumentos, la Comisión de Hacienda y Presupuesto, así como la de Cuentas y Control del Senado sesionaron de forma secreta para dictaminar a favor.
El proyecto se estudiará este jueves en una sesión extraordinaria del Senado y todo apunta a que será aprobado.
Los mismos legisladores recientemente dieron media sanción al proyecto del servicio civil, que impone más regulaciones a las contrataciones de funcionarios públicos. Con el argumento de la meritocracia y una supuesta solución al nepotismo, dieron trámite a la propuesta del Ejecutivo, pero irónicamente la normativa no se aplica al Poder Legislativo bajo la excusa de la autonomía.
Esta posición es discutida desde hace años. El economista Hugo Royg explicó, por ejemplo, que los poderes Legislativo y Judicial son autónomos, pero en sus ámbitos de actuación y en ese sentido, advierte que las reglas de contratación y promoción de sus funcionarios deben ser las mismas que el resto de las instituciones estatales.
La situación del sector privado es peor, en promedio los salarios son 40% inferior al sector público, pero además la informalidad ronda el 60%. Esto quiere decir que no cotizan al Instituto de Previsión Social y por tanto no acceden al servicio médico y menos a una jubilación.
A esto se suman las precariedades que sufren en el día a día sin poder cuestionar a una patronal que amenaza con despidos y bajo el respaldo de la impunidad.
