Entre los años 2017 y 2022 se registraron un total de 292 feminicidios, lo que representa un promedio de 49 casos por año, según dio a conocer la Codehupy durante la Audiencia Pública: Feminicidios y otras formas de violencia contra la mujer, desarrollada en la Sala Bicameral del Congreso Nacional.
De esta cifra, el 77% de los feminicidas eran parejas o ex parejas de las víctimas. Asimismo, subrayó que casi el 80% de los casos eran mujeres cuyas edades estaban entre 18 y 39 años.
La Codehupy sostuvo que muchos de los feminicidios pudieron evitarse “si hubiera habido protección eficiente del Estado ante las denuncias de violencia”.
Desde la era democrática, en nuestro país hubo un avance importante de leyes y políticas públicas con enfoque de género, entre ellas figura la vigente Ley 5777/16, de Protección Integral a las Mujeres contra todo tipo de violencia.
Esta ley tiene como principal finalidad “promover y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”; no obstante, las paraguayas mencionaron que hay una desidia en cuanto a la gestión estatal, denunciando que no existe un avance “real y palpable”.
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Miryan González expresó que para poder evaluar estas leyes tenemos que tener en cuenta dos características fundamentales; la primera es que contamos con un “sistema predominado por el patriarcado y la supremacía masculina” y, en segundo lugar, que los hechos de violencia “se dan en una cultura muy machista”.
Aclaró que las feministas no utilizan el delito de feminicidio “como una herramienta para castigar al hombre”, sino que “permite hacer una investigación con perspectiva de género para no justificar los crímenes como pasionales”.
“El feminicidio no tiene más pena que los homicidios dolosos con sus agravantes figurados en el Código Penal”, recalcó González.
A su criterio, todos los asesinatos se pueden prevenir a través de una “gran educación, en igualdad de derechos y en el derecho a vivir libres de violencia”.
Para esto, según González, es necesaria una “educación integral de la sexualidad y con igualdad de género” para dar a todos los niños y niñas las herramientas necesarias que les permitan distinguir un abrazo de un abuso sexual. “No se trata de despertar intenciones sexuales”, dejó en claro, atendiendo que existen tabúes respecto a este tema en la sociedad paraguaya.
“El asesinato de la mujer por ser mujer es un problema global, pero eso no es excusa para, teniendo una ley, no trabajar de manera eficiente”, expresó la representante de la Codehupy.
El feminicidio en Paraguay tiene un alto porcentaje de denuncias previas, lo que se traduce en que “falta una articulación interinstitucional”.
Miryan González finalizó su locución pidiendo al Estado un registro de violencia para dar un seguimiento de los casos denunciados, más albergues para las mujeres en situación de violencia, servicios estatales en comunidades indígenas con una mirada intercultural, así como programas de cuidado y de atención para hijos “cuyas madres fueron asesinadas por la violencia machista”.
Falta presupuesto
A su turno, habló Silvia Blasco, directora de Protección de los Derechos de las Mujeres, en representación del Ministerio de la Mujer, y mencionó “los logros del trabajo que se vienen realizando con los municipios y gobernaciones”.
Citó el artículo 28 de la Ley 5777, que crea casas de acogida, para decir que en los departamentos de Amambay y Alto Paraná se está haciendo realidad la construcción de albergues; sin embargo, “necesitan (para que funcionen) tener una secretaría de la mujer”, se excusó Blasco.
“Hay que tener equipo multidisciplinario que pueda contener y sostener un buen trabajo con las víctimas de violencia”, manifestó.
Asimismo, mencionó que están dando los primeros pasos en el Registro Unificado gracias al Instituto Nacional de Estadística.
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Como otro avance en la lucha contra la violencia, anunció que están trabajando en la primera política nacional de la violencia contra mujeres. “Ya hay un borrador, ahora cómo se va a bajar ese plan es una decisión de las autoridades”, expresó.
Respecto a cómo hacen el seguimiento de los casos, dijo que lo hacen a través de informes trimestrales. Además, mencionó que para su ruta de intervención utilizan el Plan Piloto de Reacción Inmediata, donde varias instituciones públicas vienen “trabajando de forma articulada” y que ya dejó como resultado casi 2.800 intervenciones.
Posteriormente, el abogado Eduardo Escobar, viceministro de Protección del Ministerio de la Niñez y de la Adolescencia, dejó una cifra alarmante de abuso sexual en niños en el 2022, con 3.804 casos.
“La violencia en ninguna forma puede ser cultural, hay que desnaturalizarla de las prácticas, comenzando desde la disciplina”
Destacó que como Ministerio, junto con otras instituciones de protección, diseñaron una Ruta de Intervención Interinstitucional para casos de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes.
Asimismo, mencionó que es necesario un “presupuesto eficiente y quirúrgico” para “operatividad de las leyes”, así como también habló del rubro 846, de transferencias económicas a familias, para que se pueda dar ese apoyo integral, ya que en el interior del país no hay sicólogos que atiendan la salud mental.
Artemisa Marchuk, fiscala de la Unidad Especializada de Lucha contra la Violencia Familiar del Ministerio de Público, reconoció que “es desbordante la cantidad de denuncias por violencia”.
“En el 2018 tuvimos 22.000 denuncias de violencia familiar y desde entonces los reportes han crecido de forma exponencial”, dijo Marchuck. Habló del proceso penal, reconociendo que “la mora judicial es un problema” para dar un abordaje integral y efectivo de los casos.
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En otro momento, tuvo la palabra Pablino Escobar, defensor adjunto encargado de la Ley 5777, del Ministerio de la Defensa Pública.
“Existe la ley, pero falta dinero”, expresó tajantemente, al mismo tiempo de mencionar que el Estado debe “buscar de dónde sacar el dinero para las tobilleras electrónicas. Es urgente”, señaló.
Habló sobre el déficit que hay en cuanto a recursos humanos. “Tenemos un defensor especializado en violencia para todo el departamento. Necesitamos como mínimo tres defensores por cada departamento para asistir a las mujeres golpeadas”, indicó.
Pidió hacer una publicidad de forma conjunta, para llegar a más personas de la sociedad civil.
Silvia López Safi, secretaria de Género de la Corte Suprema de Justicia, mencionó que es necesario establecer un trabajo articulado con la Policía Nacional, el Ministerio de la Defensa, Ministerio Público y juzgados de la Niñez y de la Adolescencia, para recepcionar las denuncias de violencia o abusos.
Dijo que las mujeres terminan falleciendo como consecuencia del no uso de las tobilleras y no tienen un sistema con auxiliares especializados en violenta para trabajar de forma eficiente.
Por su parte, el senador Gilberto Apuril, miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, hizo hincapié en la ley que establece el uso de pulseras o tobilleras electrónicas en el caso de violencia doméstica.
“Desde hace un buen tiempo venimos insistiendo con la aplicación de esta ley”, empezó diciendo el senador.
“La respuesta más normal que venimos escuchando es ‘no tenemos presupuesto’”, lamentó Apuril. En ese sentido, mencionó que buscaron otras formas de eximir el gasto de las entidades públicas para poder implementar la pulsera electrónica, pero igualmente no se cumple la normativa.
La subcomisaria Paulina García, de la Comandancia Nacional, criticó la falta de presupuesto para fortalecer las divisiones encargadas en violencia intrafamiliar. “No contamos con recursos económicos, pero contamos con un recurso humano eficiente, con vocación de servicio. El trabajo que hacemos es por humanidad”, apuntó.
Citó que no cuentan con patrullera ni con buena infraestructura, entre otras carencias, “que si vamos a mencionar no vamos a trabajar”. Dijo que desde la Policía Nacional implantan trabajos, mediante charlas, para la prevención de la violencia intrafamiliar y contra las mujeres, niños y adolescentes.
El pasado 8 de marzo, centenares de mujeres marcharon con motivo del Día Internacional de la Mujer y, bajo el lema “basta de matarnos”, denunciaron que el sistema de protección judicial del país no responde adecuadamente a las mujeres víctimas de violencia.
Además, exigieron al Gobierno la implementación de políticas públicas que favorezcan el acceso a la salud, a la educación, al empleo y a la participación política.
Mujeres no ven avances
Durante la audiencia pública, mujeres víctimas de violencia, así como activistas, criticaron “los avances” que las autoridades señalaron en su informe sobre los resultados de la Ley 5777/16.
“Soy sobreviviente de la dictadura. Hasta hoy día nosotras estamos luchando por nuestros derechos, contra la violencia institucional por parte de la Policía Nacional y del Ministerio de Salud”, lamentó Mónica Aquino.
“Cuando nos vamos a la comisaría nos dicen: ‘No puedo agarrar tu denuncia porque sos una prostituta o una puta’”, fueron sus desgarradoras expresiones en la audiencia pública.
Mónica Krause, de la Universidad Feminista de Itapúa (UFI), dijo con voz quebrada que en Itapúa hay muchos casos de violencia y feminicidios que destruyen familias “que tanto se supone que defiende nuestro país”. “A Carmen (víctima de feminicidio) no solo la mató su ex pareja, también la mató el Estado ausente en el Sur del país”, cuestionó duramente al Estado, al mismo tiempo de exigir “que hagan su trabajo”.
