Se trata del reclamado Instituto Paraguayo de la Carne (IPC), un ente técnico que buscaría promover la sostenibilidad y competitividad de la industria cárnica, según el texto del anteproyecto de ley de la Asociación Rural del Paraguay (ARP).
La creación del mismo está en debate desde hace ya algunos años. Incluso, en el 2016 la ARP ya había presentado al Congreso un proyecto de ley para su creación, no se llegó a un consenso con la Cámara Paraguaya de la Carne (CPC), que aglutina a las industrias.
Actualmente, tanto el gremio ganadero como la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne (Appec) cuestionan la falta de apertura de los frigoríficos para avanzar en ello.
Detalles. Si bien el documento señala que será sin fines de lucro, la iniciativa también pretende establecer un sistema de recaudación para financiar sus actividades, diseñado a obtener fondos de manera proporcional al volumen de producción y exportación de carne.
El artículo 10 del anteproyecto plantea que el instituto se financie principalmente mediante una “contribución obligatoria a cargo del propietario del ganado, sobre la base del 0,7% del valor aforo de cada animal, con destino a faena a nivel nacional”, determinado por la Comisión Interinstitucional para la Erradicación de la Fiebre Aftosa (Ciefa).
Los fondos recaudados serán depositados mensualmente en una cuenta del Banco Nacional de Fomento (BNF). Además, se recibirán ingresos por donaciones y rendimientos de inversiones en instrumentos de corto plazo emitidos por el Banco Central, el Tesoro Nacional o bancos privados, asegurando así su sostenibilidad financiera.
Funciones. Entre los principales roles del organismo se encuentran el desarrollo de una marca país para la carne paraguaya, la organización de participaciones en ferias internacionales, y el impulso a estándares de calidad y trazabilidad en la producción.
El artículo 6 detalla que el Instituto trabajará en la mejora de la logística y el transporte de productos cárnicos, un problema recurrente en el sector, así como en la promoción de buenas prácticas ganaderas e industriales.
También establece la creación de un Consejo Nacional del IPC, que estará compuesto por representantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), el Senacsa, la Asociación Rural del Paraguay (ARP), y la Cámara Paraguaya de la Carne (CPC).
Este consejo será responsable de definir las políticas del Instituto, además de supervisar su gestión administrativa y técnica.
El consejo deberá elegir a un gerente general del IPC y este será responsable de ejecutar las disposiciones de la ley, los reglamentos y las políticas. Este cargo será remunerado, y el gerente deberá contar con formación universitaria, además de tener que contar con reconocida idoneidad y experiencia.
En cuanto a los demás directivos, los integrantes del Consejo Nacional del IPC, excepto el presidente, desempeñarán sus funciones ad honorem, incluyendo a representantes de las instituciones públicas y privadas relacionadas con el sector cárnico.
Según el artículo 13, se establecerán mecanismos de auditoría y rendición de cuentas para garantizar el uso adecuado de los recursos recaudados. Asimismo, se prevé la posibilidad de establecer convenios con instituciones nacionales e internacionales para la promoción de la carne paraguaya en mercados estratégicos.
En una entrevista anterior con Última Hora, el presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), José Carlos Martin, había manifestado que, si bien como Gobierno sí se apoya la idea de contar con un instituto, no está de acuerdo con el sistema de recaudación para el financiamiento que se plantea, ya que a su criterio podría comprometer la sostenibilidad de instituciones existentes. “Con el monto y el sistema de financiamiento no estamos de acuerdo, ya que pondría en riesgo incluso la sostenibilidad del Senacsa”, expresó Martin. A su vez, aclaró que, aunque ve positiva la idea de crear un organismo como el futuro IPC, su implementación debe ser cuidadosa. Resaltó que su preocupación radica principalmente en la cuestión de recaudación y en la idea de hacer una megaestructura, ya que sostuvo que habla de la contratación de gerentes, lo que no es compatible con la función publica.
