En el año 2014 asumía el cargo de viceministra de Política Criminal y presentaba un balance con un patrimonio total de G. 4.125.000.000. Entre sus bienes más destacados, según el documento publicado por la Contraloría, se encuentran dos inmuebles en Asunción que suman G 4.000 millones. Se ubican en Santísima Trinidad y Recoleta. Una de las propiedades figura como herencia.
En el 2015, también tomaba el cargo de juez Penal de Garantías y presentaba un leve aumento en su patrimonio de G. 4.155 millones. En ese momento además era nombrada ministra de Justicia.
En solo siete años, Bacigalupo aumentó cuatro veces su riqueza.
Desde 1999 ingresó al Poder Judicial como secretaria judicial y actuaria judicial.
En el 2002 ingresó a la Fiscalía General del Estado como relatora y ya en 2007 asumió el cargo de agente fiscal.
En 2010, como relatora del Gabinete Civil de la Corte Suprema de Justicia.
Actualmente, se desempeña como ministra de Trabajo y su nombre suena como uno de los posibles cambios que realizaría el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, después de agosto.
Su gestión no fue bien valuada durante la crisis por la pandemia, ya que el sector de los trabajadores fue uno de los más afectados.
Los pedidos de suspensión laboral nuevamente sufrieron un aumento durante la fase 3 de la cuarentena inteligente, según el reporte del Viceministerio del Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess), llegando a 1.728 empresas solicitantes y 29.709 trabajadores afectados, hasta mitad de julio.
Por su parte, en junio pasado, el titular del Instituto de Previsión Social (IPS), Andrés Gubetich, informaba que con el ingreso de 50.000 nuevas solicitudes de subsidios para trabajadores técnicamente solo fueron 20.000 los empleados que retornaron a su labor.
Por todos esos motivos, diputados opositores presentaron un pedido de interpelación a la ministra el mes pasado que no prosperó.
“El coronavirus simplemente desnudó una incompetencia que se arrastra desde que Bacigalupo ha asumido un cargo de extrema sensibilidad y proyección social”, señalaba la argumentación.
La ministra de Trabajo tiene cuestionamientos por haber hecho ciertos nombramientos de funcionarios, compras públicas y utilización del presupuesto del ministerio, vinculados a supuestos hechos de corrupción que tampoco fueron esclarecidos y merecen una explicación clara y contundente de cara a la ciudadanía. Las bancadas coloradas impidieron que fuera interpelada.
ESCÁNDALO. Bacigalupo fue ministra de Justicia por pocos meses durante el gobierno de Horacio Cartes.
Entró a reemplazar en enero del 2016 a Sheila Abed.
Fue destituida en julio tras la polémica que se armó por el caso Jarvis Pavão, al encontrarse dinamita en uno de los muros del Penal de Tacumbú, y se ordenó el traslado de reclusos, entre ellos el del brasileño procesado por lavado de dinero y condenado en su país por narcotráfico. Sin embargo, Pavão se negó a ser trasladado a la Agrupación Especializada, bajo la excusa de una orden judicial.
Bacigalupo respetó la medida judicial y cuestionó la presión que igualmente recibía desde el Ejecutivo para concretar a como dé lugar el traslado.
4.155 millones de guaraníes es el patrimonio que declaró Carla Bacigalupo en el 2016 siendo ministra de Justicia.